Tappatá: “Venezuela no puede quedarse fuera de la vigilancia internacional”

"Una de las cosas que más me impacta es el aprendizaje del Gobierno y el juego con los límites de la legalidad", afirmó Patricia Tappatá, de la Misión de Determinación de Hechos.

Tappatá: “Venezuela no puede quedarse fuera de la vigilancia internacional”
Patricia Tappatá, de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Foto Cortesía codhez.org

La Misión de Determinación de Hechos designada por la ONU para Venezuela acaba de cumplir cinco años investigando las que ha calificado de graves violaciones de derechos humanos en el país gobernado por Nicolás Maduro.

Desde Buenos Aires, la argentina Patricia Tappatá Valdez, recuerda que el trabajo que hace junto a sus compañeros Marta Valiñas, abogada portuguesa con gran trayectoria en la Corte Penal Internacional, y el abogado chileno Francisco Cox, con un destacado trabajo en la investigación del caso Ayotzinapa, es voluntario y ad honorem, publicó El País.

Tappatá no viene del Derecho sino de las Ciencias Sociales y ha trabajado por décadas en derechos humanos en todo el mundo. “El comportamiento del Gobierno tiene correspondencia con hechos condenables”, dice la experta por videollamada. “No ha sido solo la actuación de las fuerzas de seguridad sino que se ha recibido un estímulo de las más altas autoridades. Ahí no hay lugar a decir que hubo un uso excesivo de la fuerza, sino que hay un discurso que justifica la represión y la anuncia”.

¿Cómo ha evolucionado la situación de derechos humanos en el tiempo que lleva investigando la misión?

En el informe 2020 se dio cuenta de las ejecuciones extrajudiciales y de una represión violenta a la protesta. En 2021 hicimos un informe pormenorizado sobre cómo el aparato de justicia actuaba como un brazo para encubrir y retrasar la justicia en todas sus formas, desde el nombramiento de funcionarios hasta la actuación de un fiscal general que trabaja para otorgar visos de legalidad a las medidas que toma el Poder Ejecutivo. En 2022 ampliamos la investigación para demostrar cómo funcionan los dos servicios de inteligencia que forman parte del aparato de represión y mostramos la cadena de mando.

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Y volvimos en el 2023 a trabajar sobre la institucionalidad de Venezuela para mostrar el modo en que un plan destinado a desalentar y aplastar a la oposición política tiene la participación activa no solo de las fuerzas de seguridad, sino de las distintas dependencias del Gobierno, lo que incluye al Consejo Nacional Electoral y la Contraloría para poner obstáculos de manera permanente en el proceso electoral e inhabilitar candidatos. La comunidad internacional puede observar que cada uno de los pesos y contrapesos de toda democracia que se pretenda robusta, ya que ese término fue usado en el Consejo de Derechos Humanos, han sido anulados por la vía del avance del Poder Ejecutivo. Para nosotros está claro que hay plan sistemático que nos ha llevado a afirmar se está cometiendo el crimen de lesa humanidad de persecución política, en razón de la identidad de las víctimas por su afinidad a una idea política.

Con el devenir de los años se ha cerrado de forma drástica del espacio de la actividad pública por dos vías: con una legislación que se ha venido sofisticando para ir tocando más resortes que ponen a las instituciones y personas bajo la amenaza y vigilancia del Estado y, por otro lado, con una represión selectiva hacia quienes alzan su voz. Eso ha dado como resultado que la capacidad de juego de los actores sociales y políticos esté restringida o sea nula, porque constantemente se está mostrando que las consecuencias de expresarse son el encarcelamiento.

¿De todo lo que han documentado qué es lo que más le ha impactado?

Lo que más nos preocupa está puesto en el informe, pero desde mi opinión, una de las cosas que más me impacta es el aprendizaje del Gobierno y el juego con los límites de la legalidad. Está utilizando el ordenamiento legal de Venezuela y los compromisos internacionales para jugar en los límites. En los informes hablamos de desapariciones forzadas de corta duración, porque la gente no desaparece para siempre, pero esas detenciones tienen elementos que son propias de la desaparición forzada, son presentadas fuera del plazo, en la noche, en espacios que no son los adecuados para las audiencias y sin avisar a las familias y abogados. Y uno dice eso, pero es inverificable si esto se realizó, porque no hay acceso a los expedientes.

Lo que más me preocupa es la extensión de la detención arbitraria como método de represión, sin orden judicial, sin informar las razones, la negación de paradero durante varios días y el juego con el límite. Los más afortunados han sido presentados antes de las 48 horas del plazo legal, pero hay muchos casos en los que esto no ha ocurrido. Es una característica grave e innecesaria con el propósito de extender el temor, mantener la incertidumbre y cumplir el objetivo de aplastar a la oposición que el régimen percibe como tal.

¿Cree que esa habilidad de actuar en los límites de la legalidad ha dificultado a algunos países de la región condenar más abiertamente lo que ocurre en Venezuela?

Eso genera dificultad para clasificar de manera categórica la actuación del Gobierno de Venezuela como totalmente fuera de la ley. Pero eso no impide apreciar los hechos que ocurren a la vista. Como misión no nos toca emitir opinión sobre esto, pero pienso que quizás tiene que ver con la amplia frontera compartida con países muy importantes y el deseo de toda la comunidad internacional de no extremar la situación para encontrar una salida que no cause más daño. Ahora, no se puede dejar de lado el sufrimiento que se está causando a las familias venezolanas por varias vías. La primera y más grosera en términos de tamaño es la migración. Por otro lado, las condiciones de privación de servicios básicos en un país que es propietario de grandes recursos naturales es una gran contradicción. La capacidad de jugar en los límites es para su propia población y para autocensurar lo que otros puedan decir. Pero la comunidad internacional ha renovado el mandato de la misión, porque Venezuela no puede quedar fuera de la vigilancia internacional ya que los hechos son realmente graves.

En los últimos meses ha sido significativa la detención de niños y adolescentes que no parece coincidir con ese principio de la represión selectiva. ¿Cómo lo interpreta usted?

Vemos con particular preocupación la represión a los menores, que podría inferirse que está dirigida a mostrar los resultados de participar directamente en una crítica al Gobierno. En estos casos han sido detenciones llevadas adelante por contenidos en los teléfonos o por participación en protestas callejeras. En ambos casos son actividades lícitas, pero que han sido objeto de represalias. El sentido es la extensión del temor y el mostrar los resultados de participar en lo que el Gobierno considera que no es una crítica admisible en Venezuela.

Lee la entrevista completa en El País.

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Patricia Tappatá, de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Foto Cortesía codhez.org

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