El presidente de Brasil, Michel Temer, anunció este domingo que ha acordado con las directivas de la Cámara de los Diputados y del Senado intentar impedir la posible aprobación parlamentaria de algún tipo de amnistía en beneficio de corruptos.
«Hemos hecho, entre el Ejecutivo y el Legislativo, un ajuste institucional con vistas a, si fuera posible, impedir la tramitación de cualquier propuesta que apunte a una llamada amnistía», declaró Temer en una rueda de prensa junto a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Renán Calheiros.
El acuerdo anunciado por el mandatario sale al paso de maniobras que se tejen en la Cámara de Diputados para que un paquete de nuevas medidas contra la corrupción incorpore el perdón de ciertos delitos de financiación ilegal de campañas, que han sido destapados por las investigaciones de las irregularidades en la estatal Petrobras.
En los últimos días, la prensa local desveló algunas iniciativas parlamentarias que buscaban aprovechar la votación en la Cámara Baja de ese nuevo paquete de medidas para presentar propuestas que pudieran beneficiar a políticos salpicados por el escándalo en la petrolera estatal.
«No será punible en lo penal, civil o electoral la donación contabilizada, no contabilizada o no declarada, omitida u ocultada» si fue usada para financiar «la actividad política, partidaria o electoral realizada hasta la publicación de esta ley», dice un texto que circulaba entre los diputados y fue revelado por la prensa.
Frente a esas maniobras, el fiscal Carlos Fernando dos Santos, uno de los responsables de la investigación en Petrobras, denunció que «ciertos sectores» buscaban impedir el castigo a los políticos implicados en ese sonoro escándalo.
«Los parlamentarios han puesto los pies en polvorosa» y se valen de un proyecto de ley impulsado por la sociedad civil que propone penas más duras a los delitos de corrupción para, por el contrario, minimizar el castigo o «decretar una autoamnistía», sostuvo.
El fiscal indicó que precisamente lo que destapó la investigación en Petrobras fue una «monumental» trama dirigida a la financiación ilegal de campañas, mediante la facilitación de fraudes en contratos de la petrolera que beneficiaban a políticos y empresas privadas.
Esos mismos temores fueron manifestados por el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien instó al Parlamento a tener «la suficiente sensibilidad y sintonía» con la sociedad como para no respaldar esa polémica enmienda.
