Michel Temer, presidente de Brasil (Foto EFE)
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El presidente brasileño, Michel Temer, y su base política movieron piezas este martes para evitar perder apoyos e intentar impedir que la Cámara de Diputados acepte una denuncia por corrupción que puede sacarlo del poder.

“La Cámara de Diputados tiene una importantísima decisión que tomar esta semana y es hora de respuestas rápidas, pero respetaré toda decisión”, declaró Temer hoy en una ceremonia, en alusión a la acusación que tramita en ese órgano legislativo.

En otro acto, agradeció a diputados que ya le han expresado apoyo y dijo que su actitud “revela su indignación con la injusticia, pero también con lo que se le pretende hacer al país” en momentos en que ha comenzado a recuperarse de una crisis económica “histórica”.

La denuncia fue presentada por la Fiscalía y se fundamenta en los testimonios prestados a la Justicia por directivos del grupo JBS que han confesado que sobornan a Temer desde 2010 a cambio de favores políticos y que lo han seguido haciendo desde que asumió el poder, en mayo del año pasado, tras la destitución de Dilma Rousseff.

Por imperativos constitucionales, la denuncia debe ser analizada primero en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja, donde ya ha comenzado el trámite, y luego votada por el pleno de ese órgano legislativo.

En esa instancia, será necesaria una mayoría de dos tercios (342) de los votos para que el Supremo sea autorizado a iniciar un juicio penal contra Temer, que en ese caso será suspendido de sus funciones durante los 180 días que duraría el proceso y destituido si fuera declarado culpable.

Este lunes, la comisión parlamentaria que analiza el caso recibió el informe del diputado instructor, Sergio Zveiter, quien pese a ser miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer, concluyó que la denuncia debe ser aceptada.

“Tenemos indicios suficientes para recomendar que la denuncia sea acogida”, “indicios suficientes de materialidad” y “la acusación no es fantasiosa”, declaró Zveiter, quien se alineó de ese modo con la minoritaria oposición, que pretende llevar a Temer a los tribunales y despojarlo del poder.

La comisión tiene un total de 66 miembros y se calcula que unos 40 pertenecen a partidos de la coalición gobernante, aunque algunos de ellos aún no han manifestado en público su rechazo a la denuncia.

En ese terreno, la base política de Temer ha actuado con rigor y, hasta hoy, ha sustituido a 17 diputados que integran el comité y que no se habían distanciado claramente de la opinión del instructor.

Según fuentes políticas, esos movimientos apuntan a garantizar un claro rechazo a la denuncia en la comisión, con el objetivo de luego influir en la votación definitiva en el pleno de la Cámara baja, que es donde Temer pretende que se detenga y se archive el proceso.

La comisión, acomodada así al gusto del Gobierno con maniobras permitidas por las reglas del Congreso, volverá a reunirse mañana, cuando comenzará una serie de debates que pueden prolongarse hasta el viernes y precederán la votación en el pleno de los diputados.

Temer también ha mantenido un contacto casi permanente con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, quien en caso de que se acepte la denuncia cubriría la vacante del mandatario, pero hasta ahora se ha mostrado como un fiel aliado.

La intención de Temer y de su base política es que la votación en el pleno de los diputados sea realizada lo más rápido posible, pues de ese modo se impediría una eventual desbandada en una coalición de Gobierno, ya desgastada por el escándalo.

Uno de los mayores peligros que enfrentaba el mandatario parece haberse minimizado después de que el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los puntales del Gobierno en el Congreso, postergó su posible abandono de la base oficialista.

Los principales dirigentes del PSDB se reunieron la noche de este lunes y, aunque se conjeturaba que podían decidir romper con Temer, concluyeron el encuentro sin ningún acuerdo, lo cual, aunque sea por el momento, acabó siendo un alivio para el Gobierno.




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