(Foto EFE)

El presidente brasileño, Michel Temer, quedó este martes más cerca de librarse de los nuevos cargos de corrupción formulados por la Fiscalía, después de que el instructor del caso en la Cámara baja consideró que existe una notoria falta de pruebas.

En un informe repleto de duras críticas al Ministerio Público y al Poder Judicial, el diputado Bonifacio Andrada, instructor del caso en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara baja, recomendó que las nuevas acusaciones contra el mandatario sean archivadas, así como ocurrió con una primera denuncia por corrupción pasiva rechazada por el Congreso en agosto pasado.

Temer ha sido acusado ahora por la Fiscalía de obstrucción a la justicia y asociación ilícita sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo cárnico JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.

Aunque ese convenio fue anulado por la propia Fiscalía después de que se comprobó que los declarantes habían omitido o falseado parte de la información, las supuestas pruebas obtenidas contra Temer han sido considerado válidas hasta ahora por el Ministerio Público, pero no por la defensa del mandatario ni ahora por el instructor.

Según declaró Andrada, la acusación «no tiene respaldo», no ha sido «debidamente probada» y algunos elementos en que se apoya son fruto de testimonios que están en tela de juicio, como los de los ejecutivos de JBS, a los que «no se les puede conferir valor» legal.

«Por todo eso, se impone la suspensión del proceso», declaró.

Andrada indicó además que muchas de las supuestas irregularidades relatadas en la denuncia datan de fechas anteriores a mayo de 2016, cuando Temer asumió el poder una vez que comenzó el juicio político que llevó a la destitución de Dilma Rousseff.

En ese marco, citó que la Constitución brasileña impide en forma expresa que un presidente en ejercicio del poder sea sometido a un juicio penal por hechos ocurridos antes del inicio de su mandato, que en ese caso solo pueden ser juzgados una vez que deje el cargo.

Aferrado a ese hecho, hizo una dura crítica a los «excesos» del Ministerio Público en su «afán acusador» contra «toda la clase política» del país, salpicada por graves y recurrentes escándalos.

«El Ministerio Público hoy domina a la Policía Federal junto con el Poder Judicial» y «puede ser considerado como un nuevo poder» que a veces «tiene más autoridad que un juez», declaró Andrada.

El instructor añadió que, de esa manera, «el Poder Legislativo y el Ejecutivo se debilitan frente a un Ministerio Público que pasa a tener un papel preponderante en la sociedad», pero con una conducta «policíaca» que genera un «desequilibrio institucional».

Según Andrada, los cargos en cuestión se dirigen contra Temer y dos de sus ministros, pero «también contra innumerables líderes de diversos partidos y los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, en cuyos gobiernos habría operado la asociación ilícita fantasiosa» que, en su opinión, cita la denuncia.

«Es una acusación compleja, que abarca toda una fase de nuestra historia política, y que, por su amplitud, habría merecido estudios mucho más meticulosos» y «no podía tratarse de una forma tan banal», apuntó.

Andrada también precisó que algunos testimonios en que se apoyó la Fiscalía para presentar los nuevos cargos contra Temer, dos de sus ministros y otros políticos de su entorno, «ya fueron juzgados y rechazados por los diputados en una primera denuncia, ya archivada».

Aludió así a una primera denuncia por corrupción pasiva, que la poderosa base oficialista en el pleno de la Cámara baja negó en agosto pasado con una clara diferencia de 263 votos frente a 227.

Como con la denuncia anterior, para que la Cámara baja autorice a la Corte Suprema a estudiar la eventual apertura de un juicio penal contra Temer por estos nuevos cargos será necesaria una mayoría calificada de dos tercios del pleno, que representan 342 votos.

Una vez presentado el informe del instructor, la Comisión de Constitución y Justicia debatirá el asunto la semana próxima, para luego remitir el caso al pleno de los diputados, en el que la base oficialista conserva la mayoría que ya le permitió bloquear las primeras acusaciones contra el mandatario.




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