Control Ciudadano: Urge atención médica al teniente coronel Igbert Marín, su vida corre peligro
/ Foto: Archivo

Por Redacción @cronicauno

Han pasado casi cuatro semanas desde que el teniente coronel del Ejército, Igbert Marín Chaparro, inició una huelga de hambre para exigir que le se garanticen sus derechos básicos dentro de las instalaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta.

A pesar de que su vida está en riesgo no se ha pronunciado ningún ente para responder a sus solicitudes y así pueda levantar la huelga.

Entre sus peticiones Marín Chaparro pide que le permitan salir a tomar el sol, ir al patio a practicar deporte y poder llamar a sus familiares, especialmente a su hijo que está fuera del país, reseña Crónica Uno.

También exige que se acate la orden de traslado que recibió directamente desde el tribunal militar, en agosto de 2018, que establece que debe estar recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), en Ramo Verde.

El teniente inició la huelga del hambre el martes 22 de noviembre de 2022, que viene a ser la segunda desde que está recluido.

Ya Marín Chaparro, comandante del Batallón Ayala de Fuerte Tiuna, cumplió cuatro años y 10 meses desde su aprehensión y aún sigue retenido en la sede de la Dgcim en Caracas. Fue detenido el 2 de marzo de 2018, presuntamente para un interrogatorio. Actualmente tiene una sentencia con el delito de incitación a la rebelión de siete años y seis meses.

“Él está en un centro preventivo, es decir, a las personas las detienen mientras le hacen la audiencia de presentación y la preliminar. Pero hasta ahí. A él lo tienen recluido como si estuviera en un centro penitenciario”, contó la abogada y miembro de Foro Penal, Stefania Migliorini.

Cinco minutos

De acuerdo con Ignell Marín, hermana del teniente, la última vez que sus padres pudieron ver a Igbert fue hace 15 días. Tuvieron que esperar cinco horas y media para verlo a través de un locutorio; había un vidrio de por medio y solo se comunicaron por cinco minutos mediante y un teléfono que tenían en el lugar.

“Lo que ellos querían era abrazar a su hijo, besarlo, tocarlo y no lo pudieron hacer”, dijo Ignell Marín.

Esta situación ha sido “un golpe muy fuerte para la familia”. Ignell contó que sus padres ya son personas de la tercera edad y están muy afectados por esta situación. Recientemente sus padres compartieron un vídeo a través de las redes sociales en el que piden justicia para sus hijo y que sean escuchadas todas sus demandas.

“No dejen morir a nuestro hijo, ya basta de tanta injusticia hacia un oficial que ha dedicado su vida dignamente a Venezuela. Escuchen mi súplica de madre, no me lo dejen morir por favor”, fueron las palabras de Igor Enrique Marín Atencio y Nelis Margarita Chaparro Ochoa, padres del teniente.

Problemas de salud

Marín Chaparro se encuentra privado de libertad en un tercer sótano, en una a celda con poca ventilación, en un área conocida como “la casa de los sueños”. Ignell Marín aseguró que su hermano está expuesto diariamente al monóxido de carbono.

Además de eso, contó que su hermano padece de fibrosis pulmonar, es asmático desde pequeño, sufre de hipertensión arterial e incluso perdió parte de su visión en el ojo izquierdo por una subida de tensión que presentó dentro del centro de detención.

Ignell Marín manifestó que la lucha de su hermano no es solo para exigir sus derechos, sino la de otros presos políticos que también se encuentran afectados.

Añadió que desde pequeño Marín Chaparro es una persona con metas y convicciones muy arraigadas, por lo tanto cree que no dará su brazo a torcer y seguirá con la huelga hasta obtener respuesta.

“Nosotros admiramos su fortaleza y por el simple hecho de querer hacer una protesta pacifica como esta, con la que exige que se le garanticen sus derechos básicos. Los derechos que cualquier ser humano necesita”, expresó.

Esta es la segunda vez que Marín Chaparro hace una huelga de hambre. El 21 de diciembre de 2021 hizo una huelga de hambre de 16 días, para exigir lo mismo que este año.

De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, en el país hay un total de 240 presos políticos. La mayoría de ellos (81), se encuentran privados de libertad en Distrito Capital.

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