Foto archivo EFE

En la última audiencia de juicio por ese caso, hecha el 11 de noviembre, dos de los detenidos denunciaron las torturas de las cuales fueron víctimas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Uno de los testimonios fue el del primer teniente (r) Richard Alemán, quien dijo -según el relato que hace la abogada Ana Leonor Acosta- que la torturas son tales que “pierdes la sensibilidad de la vida. Uno solo quiere morir”.

Alemán relató ante la jueza Hennit Carolina López que fue detenido el 24 de abril de 2020, y no en mayo como alegan los funcionarios de la Dgcim que participaron en su captura. Se encontraba en un hotel junto a otros compañeros cuando entraron a su habitación, lo golpearon y le taparon la cara con una carpeta y cintas adhesivas.

Al ser trasladado a Boleíta, la sede principal de la Dgcim al este de Caracas, recibió una patada en la nariz que le ha ocasionado problemas respiratorios. Ha pedido atención médica para atender este padecimiento y se le ha negado

El militar retirado detalló que fue torturado durante 19 días seguidos. “Me aplicaron asfixia mecánica con bolsas. Se montaban encima de mí, me dio un paro respiratorio. El 27 de abril fui a parar al hospital militar, donde con un procedimiento médico me revivieron. Ese mismo día a las 3 am me dieron de alta”.

Cuando fue devuelto a la Dgcim prosiguieron las torturas: “Otra vez me entraron a golpes, me desnudaron, me bañaron con agua fría. Y no se que me pasó porque no soy médico, pero me sacaron torcido para el servicio médico, me colocaron mantas calientes. Me tiraron en el piso durante 19 días Con las manos esposadas en la espalda. Ese era el mejor trato que podíamos tener. Todavía tengo las marcas de las esposas en mis muñecas desde esos días. Todos los días eran de torturas incesantes. Un mayor de la Dgcim no golpeaba todos los días y nos grababa”.

El teniente Alemán además denunció que fue abusado sexualmente con un objeto por un mayor de la Dgcim, lo que le ocasionó nuevos problemas de salud. Fue presionado para declararse culpable y algunos de sus familiares fueron perseguidos y detenidos como parte del hostigamiento.

Sus familiares fueron trasladados de forma arbitraria hasta el estado Falcón, donde fueron nuevamente detenidos para vincularlos a otro proceso legal. “Todo esto sucedió desde el 20 de abril. Si yo no hubiese estado desaparecido desde el 20 de abril, mi papá no se hubiese sentado el 25 de abril en la sala de la casa con mi mamá a pedir una fe de vida. Nos han ido amenazando y torturando incesantemente”, relató el militar retirado.

Jueza desestima torturas

La jueza Hennit Carolina López, comentó la abogada Acosta, al final de los testimonios solicitó que sus intervenciones “tengan que ver con lo que se está discutiendo en el proceso, no con otras cosas”. En otra audiencia de juicio, la actitud de la jueza fue similar al enfrentarse a denuncias de torturas.

Ana Leonor Acosta señaló que otros jueces y fiscales les han dicho que estos testimonios “no forman parte del proceso”, pero recordó que a pesar de que no sean los delitos discutidos en el juicio, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, establece que cualquier funcionario que “tengan conocimiento que se ha producido uno de los delitos previstos en esta ley, deberá notificar a la Defensoría del Pueblo, en un lapso no mayor a 48 horas”. 

Los funcionarios que incumplan en esto, pueden ser sancionados con multas entre las 50 y 250 unidades tributarias, trabajo comunitario o la destitución del cargo (art. 24).

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