«Rechazamos categóricamente todo intento extranjero de arrasar con el principio de autodeterminación de los pueblos por la vía de la amenaza y la injerencia en los asuntos internos de un país soberano», dijo ante la prensa Tibisay Lucena, jefa del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Su declaración se produce después de que, en una nota oficial, el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que emprenderá «fuertes y rápidas acciones económicas» si se impone la Constituyente, cuyas elecciones están previstas para el 30 de julio.
La Unión Europea, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y los gobiernos de España, Alemania, Canadá, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú y Panamá igualmente han pedido retirar el llamado.
Lucena aseveró que el CNE, acusado por la oposición de servir a Maduro, activa planes de contingencia para «garantizar el derecho al voto» a ciudadanos de zonas con disturbios.
La oposición llamó a un paro cívico el jueves, en una escalada de protestas contra Maduro para impedir las votaciones de la Constituyente, iniciativa que califican como un «fraude» del gobernante socialista para consolidar «una dictadura».
Las manifestaciones dejan 97 muertos desde que estallaron el pasado 1 de abril.
Lucena anunció «el cierre permanente de los centros ubicados en zonas de graves alteraciones de orden público que intenten suspender el proceso» y que los votantes de esas áreas «podrán sufragar en cualquier centro de votación del municipio donde se encuentren registrados».
«Un gran centro de votación de contingencia», además, se establecerá en el Área Metropolitana de Caracas.
Sin embargo, Lucena expresó que los hechos de violencia están «focalizados», al sostener que se han producido en 45 de los 335 municipios del país y en 76 de 1.141 parroquias.
