Tomás Sierra entregó 26 años de su vida a su trabajo en la antigua planta de Bridgestone Firestone que hoy funciona bajo la firma de Alice Neumáticos de Venezuela. Pero ya tiene casi cuatro años fuera de la empresa, sin producir ni un bolívar porque no le permiten optar por ningún empleo al haber perdido los dedos de una de sus manos en un accidente laboral.
Hoy está sin salario y con muchas preocupaciones al seguir bajo la figura de suspensión laboral, contemplada en la Ley Orgánica del Trabajo que lo mantiene a él y a más de 500 personas de diferentes empresas de Carabobo en una condición de vulnerabilidad económica, desde que las industrias en la región comenzaron a enfrentar una severa crisis de la que no todas han logrado recuperarse.
Hasta hace mes y medio recibía 1,52 bolívares semanales como sueldo que no le alcanzaban para nada pero, sin explicación alguna, él y sus compañeros fueron sacados de la nómina como una medida de presión más para que renuncien porque, por la inamovilidad laboral, no pueden ser despedidos.
Hace dos meses fue llamado por la gerencia de la compañía y le preguntaron a qué acuerdo económico podían llegar. “Yo les pedí 35 cauchos grandes que podía vender para montar un negocio que me permitiría mantener a mi familia y mil dólares, pero ellos se burlaron de mí y me ofrecieron solo dos mil dólares sin la compensación de los neumáticos que me deben… Me paré de la silla y me fui”.
Actualmente, esa planta produce menos de 20 % de su capacidad al manufacturar alrededor de dos mil cauchos diarios de los 12 mil que lograban antes de la crisis que inició para ellos en 2015. “Pero los pocos compañeros que quedan están haciendo el trabajo de tres o cuatro personas y los presionan con producir más para poder cobrar más”.
Problema generalizado
En Coca Cola Femsa planta Valencia ocurre algo similar. Orlando Bret tiene cinco hijos y le ha tocado “matar tigres de todo tipo” y hasta ha vendido pertenencias de valor como su vehículo para poder mantener a su familia. “Solo Dios sabe lo que hemos pasado”, expresó con la voz entrecortada.
Su compañero Jesús Segovia, se ha desempeñado como ayudante de albañilería, jardinería, y pintura, para poder comprar alimentos y medicinas.
A ellos también les han ofrecido compensaciones por su renuncia, “que son burlas para nosotros… nos quieren dar 40 paquetes de refresco y 550 u 800 dólares”.
Legalidad corrompida
Edgar Portocarrero es el asesor legal de trabajadores de diferentes empresas en Carabobo, entre ellas Alice Neumáticos de Venezuela (Firestone), Coca Cola Femsa, Corimón Pinturas, Industrias El Carmen, Heinz y Alplas. En todas se repite el mismo panorama.
“El problema es que, hasta la fecha, en la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga no les han dado respuesta con relación a que muchos tienen cuatro años de desacato, las empresas no los reenganchan”.
Detalló que en estas empresas se iniciaron procesos se suspensión laboral amparados en el artículo 148 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero sin tomar en cuenta que solo se debe hacer por 180 días, prorrogables por 180 más, y ya tienen casi cuatro años en esta situación.
Lo más grave para el abogado es que el Estado, a través del Ministerio del Trabajo no aplica las medidas necesarias para que las empresas acaten la orden de las providencias que establecen el reenganche, y que hasta incitan a los trabajadores a renunciar.
Por todo esto, protestaron una vez más en las puertas de la Inspectoría del Trabajo César Pipo Arteaga de Valencia, para pedir justicia.
