Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
La incertidumbre persiste. Trabajadores de la planta de ensamblaje de General Motors Venezolana (GMV) ubicada en Valencia, aún no saben cuál es su estatus legal tras el embargo de la firma hace siete meses, y en medio de una protesta pacífica acudieron a la gobernación de Carabobo y a los tribunales, para advertir «el presunto tráfico de influencia que le permitió al consorcio demandante ejecutar parte del embargo de la empresa y cuyo alcance desconocen».
Wiliam Acosta, trabajador de esta firma, indicó que en la sede del ejecutivo regional fueron atendidos por el secretario de despacho Jesús Santander, quien «nos dijo que se estaba empapando del tema y que nos dirigieramos a la instancia judicial».
El trabajador explicó que aparentemente el embargo solicitado en abril de este año ante un concesionario del estado Zulia contra la empresa General Motors habría procedido pero que no saben el alcance del supuesto dictamen.
Acosta calificó la posible medida como un posible tráfico de influencia hacia una de las partes en conflicto y en perjuicio de los dos mil 760 trabajadores cesanteados de manera sorpresiva por la transnacional a mediados del cuarto mes de 2017.
El llamado de la nómina es que, si es cierta tal sentencia, se le explique a los trabajadores y se resguarden los puestos de trabajo y la antigüedad de la mano de obra.
Esta situación de embargo se dio a conocer en abril de este año mediante un comunicado de prensa firmado por la gerencia se informó que la planta con una capacidad instalada de manufacturar 45 mil mil carros al año, ya no se encontraba bajo control de GMV.
En el escrito se refiería que la querella contra la transnacional databa del año 2000, interpuesto por un ex concesionario de Maracaibo que reclamaba a la empresa por un total de bs 476 millardos en activos.
General Motors Venezolana consideró en el comunicado que la cifra solicitada excedía toda lógica y haría inviable las actividades de la compañía en forma permanente por lo que calificó . “La empresa tiene la firme convicción de que el embargo es improcedente, absurdo, fuera de la lógica jurídica y del debido proceso”.
Días después, la militancia sindical a través de su secretario general, Fidel Ampueda, denunció que la firma notificó a toda la plantilla de trabajadores mediante un centro de llamadas que en las cuentas nómina del personal estaba depositado el pago correspondiente a su liquidación.
Ampueda en todo momento dijo que tal pago era insuficiente y no se apegaba al marco jurídico de las leyes venezolanas.
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