Dayrí Blanco | @DayriBlanco07
En Carabobo, las gerencias de las empresas dependientes del Ejecutivo reinciden en la ilegalidad. Alrededor de ocho mil trabajadores despedidos sin justificación ya cuentan hasta un año esperando por sus órdenes de reenganche desde la Inspectoría. No hay respuestas para ellos en esa instancia.
En enero de 2017 se intensificó la política de despidos en compañías públicas
En enero de 2017 se intensificó la política de despidos en compañías públicas. Gelvis Durán, secretario general del sindicato del Centro de Almacenes Congelados (Cealco) denunció que aunque se introdujeron las quejas respectivas ante el Ministerio del Trabajo, las acciones de reducción de nóminas persiste.
Se trata de calificaciones emitidas por el órgano laboral entre las que figuran algunas aplicadas contra dirigentes sindicales, personas con discapacidad, enfermedades ocupacionales y reposos de maternidad. “Se están separando del cargo a los representantes del personal de las empresas de alimentación del Estado, porque nosotros como sindicato, aunque somos revolucionarios, hemos denunciado casos de corrupción ante la ZODI (Zona Operativa de Defensa Integral).
Ante tantas irregularidades, trabajadores de Cealco u otras empresas del estado que también esperan sus reenganches, como Abasto Venezuela, Pdval, Bicentenario, CASA y Mercal, protestaron la mañana de este miércoles en las puertas de la Inspectoría César Pipo Arteaga en Valencia para exigir que el Ejecutivo investigue cada uno de estos casos.
