Un grupo de trabajadores de General Motors de Venezuela acudió este lunes al Palacio de Justicia, a exigir a los tribunales laborales que intervengan de manera que la empresa cancele las prestaciones sociales al personal.
Giovanni Díaz, representante legal de los afectados, dijo que dos mil 700 trabajadores quedaron en el limbo desde abril, luego que los representantes de la empresa decidieran irse del país.
Eleana Leal, dirigente sindical de GM y constituyentista, respaldó a sus compañeros y se le permitió el ingreso al Palacio de Justicia, donde conversó con la presidenta del Circuito Judicial Penal.
A su salida informó que en lo adelante se establecerán mesas de trabajo para buscarle solución al problema, por cuanto los representantes de la ensambladora no se han puesto a derecho, por encontrarse fuera del país.
Leal señaló que hay mujeres embarazadas y trabajadores discapacitados, cuya condición debe tomarse en cuenta.
En su condición de constituyentista, solicitó al Ministerio del Trabajo que nombre una junta interventora y autorice la ocupación de la empresa.
Eleana Leal subrayó que se vieron en la necesidad de acudir al Palacio de Justicia, porque hay un ciudadano de apellido árabe, que dice ser el nuevo propietario de la empresa, pero eso es completamente falso.
