«Tenemos que estar claros que aquí no existe Estado de derecho; la justicia se administra desde la Presidencia de la república», dijo a periodistas la jefa del Colegio de Abogados de Caracas, Ivette Lugo, al actuar como portavoz de cientos de trabajadores judiciales durante una manifestación en la capital venezolana. «Es necesario decirle al país que nosotros no estamos conformes con lo que está pasando, el ciudadano no tiene justicia y eso es grave», añadió.
De acuerdo con Lugo, la mayoría de los jueces en Venezuela son designados «a dedo», lo que viola una normativa que establece el llamamiento a concursos para otorgar las plazas.
Aseveró que con este accionar, el Gobierno de Nicolás Maduro ejerce presión sobre los jueces, puesto que si no acatan las recomendaciones del Supremo sobre distintos fallos «se van a la calle».
La oposición venezolana ha denunciado que el Supremo, que fue parcialmente renovado a finales de 2015, está subordinado al Ejecutivo de Maduro.
En 2016, el máximo tribunal emitió varios fallos contra el Parlamento, que controla la oposición, lo que en la práctica despojó a la Cámara de la función legislativa y contralora del Estado.
El pasado enero, el jefe del Legislativo, Juan Guaidó, proclamó una administración interina que ya reconocen más de 50 países, con Estados Unidos a la cabeza.
Pero Guaidó no controla la burocracia ni las Fuerzas Armadas, y la justicia venezolana abrió 4 averiguaciones en su contra, una de ellas por proclamarse presidente.
El Supremo también ha declarado nulas todas las actuaciones de Guaidó y del Parlamento, al que mantiene en «desacato».
Lugo denunció hoy que la justicia venezolana perdió el carácter de gratuidad que le otorga la Constitución vigente. «Por cualquier diligencia se tiene que pagar y eso no es posible, entonces, ¿la justicia es para el que tenga más (dinero)?», se preguntó. «Sabemos que hay una gran corrupción que está desde la cúspide del Poder Judicial y en todo el sistema de justicia, lamentablemente tenemos que decirle (al pueblo) hay una justicia que es de color rojo -en alusión al partido de gobierno- y de color verde, color verde por los dólares».
La manifestación, en la que se corearon consignas contra el Gobierno chavista que detenta el poder desde 1999, culminó en la sede de la magistratura en Caracas.
Varios trabajadores del estatal Metro de Caracas también se unieron a esta protestas, pero solo para reclamar por los bajos salarios y la precariedad del sistema de transporte del país.
