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Foto cortesía Alberto Torres/ Crónica Uno.

Alberto Torres/ Crónica Uno

La esquina de Salas de la capital del país fue lugar de encuentro por enésima vez de pensionados, trabajadores activos y jubilados de la administración pública, en respuesta a la orden gubernamental de apaciguar las protestas con el pago del bono vacacional, pero sin derogar el problema de fondo.

El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas ordenado en marzo de este año por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) sigue vigente junto con otras normas que desmejoran las condiciones de los trabajadores, como el memorándum 2792.

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Foto cortesía Alberto Torres/ Crónica Uno.

Y ambos fueron el centro de las críticas de los manifestantes, que planeaban marchar hasta el Ministerio de Finanzas en la avenida Urdaneta, donde se encuentra la sede de la Onapre, pero se encontraron con sendos piquetes de la Policía Nacional Bolivariana que les impedían el paso.

“No estamos pidiendo dádivas, sino reclamando nuestros derechos, consagrados en la Constitución, la Ley del Trabajo y en nuestras convenciones colectivas. Seguiremos reclamando hasta que se elimine el memorándum 2792, exclamó a Crónica.Uno el director del Frente de Trabajadores Petroleros, Luis Hernández.

Dictado el 11 de octubre de 2018 por el Ministerio del Trabajo, el memorándum 2792 eliminó los contratos colectivos de la administración pública suscritos previo a esa fecha, determinó el salario mínimo como arranque de las escalas y fijó una sola tabla salarial para todo el sector.

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Foto cortesía Alberto Torres/ Crónica Uno.

Desde entonces, el Gobierno ha firmado convenciones colectivas con determinados sectores de la administración pública, como salud, educación y petrolero, pero de espaldas a los trabajadores y a puertas cerradas con los sindicatos afines al oficialismo.

“Nosotros vivimos de nuestro trabajo, de años de trabajo. No podemos contar con buenas condiciones de vida si no se nos garantizan los lineamientos y condiciones fijadas en las convenciones colectivas. Se están ignorando años de luchas y negociaciones, reclamó Egleé Reyes, jubilada de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

Instructivo Onapre viola disposiciones constitucionales

Al menos media docena de disposiciones constitucionales se están violando con la aplicación del instructivo de la Onapre, entre ellos el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, de acuerdo con un análisis de Acceso a la Justicia.

La ONG explica que el instructivo aplicó un recorte a las bonificaciones de los trabajadores públicos que viola el artículo 89 de la Constitución, que señala que ninguna ley puede alterar la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. Además, la naturaleza del acto “es de dudosa legalidad”.

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Foto cortesía Alberto Torres/ Crónica Uno.

“La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos”, advierte Acceso a la Justicia.

Además, el documento y la forma como se aplicó deja aún más en entredicho el carácter “obrero” del gobierno de Nicolás Maduro y la indiferencia del Estado venezolano al respecto, toda vez que se hizo sin consulta con representantes sindicales y que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) omite pronunciarse, pese a las demandas por nulidad que ya han presentado las universidades autónomas.

“Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 las autoridades han rechazado sentarse en una misma mesa con los sindicatos y gremios empresariales para discutir los aumentos salariales y otros asuntos que afectan a ambos grupos”, recalca la ONG.

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