Odebrecht (EFE)

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo de Panamá de Transparencia Internacional (TI), pidió este viernes a la Fiscalía que amplíe las investigaciones de los sobornos de la multinacional Odebrecht por las nuevas revelaciones que se han filtrado sobre este caso.

La Fundación pidió en una declaración pública a la Fiscalía que incluya los nuevos datos e investigue «sin distinción alguna, todas las actividades y los contratos suscritos en las tres administraciones durante las que Odebrecht operó en el país».

Según la organización, las indagaciones deben alcanzar a las administraciones de Martín Torrijos (2004-2009), Ricardo Martinelli (2009-2014), la saliente de Juan Carlos Varela (2014-2019), «al igual que todos los funcionarios y personas involucradas».

Varela concluye su mandato el próximo 30 de junio y será sucedido el 1 de julio por el socialdemócrata Laurentino Cortizo.

El capítulo panameño de TI se quejó de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia tiene estancada la investigación al no emitir fallo todavía sobre la apelación presentada en mayo pasado por el Ministerio Público «contra la orden del juez XII penal de cerrar el plazo (de investigación) de esta compleja e importantísima investigación».

La inefectividad de la justicia genera una «impunidad de facto» pues en el caso Odebrecht «no se ha podido aún conocer toda la verdad, revelar el mecanismo de trampa, identificar a todos los involucrados -tanto funcionarios como personas privadas-, recuperar los dineros robados al Estado y castigar y multar ejemplarmente a los culpables», según la Fundación.

La Fiscalía de Panamá informó este jueves de que se encuentra analizando «detenidamente» las nuevas filtraciones periodísticas sobre este caso.

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), con sede en Washington, reveló el martes que la trama de corrupción de Odebrecht alcanzó a enormes proyectos de obras públicas no mencionados hasta la fecha en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela, entre otros.

En el caso de Panamá, donde la constructora fue durante años el principal contratista del Estado, destacan supuestos pagos de más de 18 millones de dólares en la primera línea de metro de la capital o más de 7 millones en la ampliación de Tocumen, el principal aeropuerto del país.

El secretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, reiteró este viernes en una declaración pública que «no ha recibido pago alguno de ningún contratista. No existe. Ellos me conocen bien».

Por el caso Odebrecht, que está bajo secreto de sumario, hay más de 80 imputados en Panamá, entre ellos dos hijos del expresidente Martinelli, quien está en arresto domiciliario mientras afronta un juicio por supuesto espionaje político y peculado.

La Fiscalía ha pedido al Supremo panameño le conceda una prórroga para seguir investigando el caso, luego de que un tribunal ordinario se la denegara el mes pasado por considerar que el plazo legal había llegado a su fin.

El escándalo de Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. desveló que Odebrecht pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países latinoamericanos, de los cuales 59 millones fueron en Panamá.

La Justicia panameña validó un año después el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa de 220 millones de dólares y el archivo del caso en Panamá contra la empresa y sus antiguos directivos en el país por haber colaborado en las investigaciones.

El Capítulo de Panamá de TI dijo que este acuerdo alcanzado por el MP con Odebrecht «no tomó en cuanta todos los actos de corrupción de la constructora en el país, ya que omitieron información clave sobre supuestos sobornos millonarios pagados a individuos cuyas identidades permanecen secretas bajo seudónimos como: Aguia, Cachaza, Periquito, Ratatouille y otros». EFE




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