La ONG Transparencia Venezuela emitió un informe en el que devela el patrón de la corrupción instaurado en el país, durante las dos últimas décadas, causante de la Emergencia Humanitaria Compleja que padecen los ciudadanos, en especial en el sistema sanitario, uno de los más perjudicados por la desviación de recursos y fondos públicos.
En tiempos de COVID-19 se ha profundizado la crisis y ha puesto en relieve la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta o inoperatividad de equipos esenciales, y el deterioro general de la infraestructura hospitalaria, indica el capítulo venezolano de Transparencia Internacional.
Parte del documento, publicado en su página web y explicado en una nota de prensa, enfatiza en que “las fallas y carencias constituyen una seria amenaza a la salud y la vida de los venezolanos. Todo ello ocurre pese a los reiterados anuncios de planes, proyectos e inversiones milmillonarias en rehabilitación y construcción de obras, adquisición de fármacos e insumos y equipamiento de los centros de atención”.
Titulado “Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus”, el informe identifica una tipología del fenómeno en el sector y expone una selección de casos, como resultado del seguimiento al sistema sanitario, investigaciones abiertas por autoridades nacionales y extranjeras; así como a los hallazgos de indagaciones realizadas por reconocidos medios de comunicación.
Militares presuntamente involucrados
Principalmente revela que, en los casos inventariados, destaca la participación de militares y altos funcionarios del ministerio de Salud, institutos autónomos y empresas estatales. Los funcionarios –muchos de ellos provenientes del sector castrense- se presume que habrían actuado en complicidad con dueños de empresas, y usado cuentas en diferentes países para lograr contratos millonarios de importación, fabricación y transporte de medicinas, materiales o equipos médicos, así como contratos de obras.
De hecho, el documento de Transparencia Venezuela se concatena con lo expuesto en el Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela, de julio de 2019, el cual denuncia el crítico escenario del derecho a la salud, vinculado a “una falta generalizada de disponibilidad y acceso a fármacos y tratamientos esenciales; al deterioro de las condiciones en hospitales, clínicas y maternidades, a la falta de factores subyacentes determinantes de la salud”.
“La corrupción mata”
Señala Transperancia que una de las expresiones utilizadas durante la audiencia en la CIDH, “la corrupción mata”, se evidencia en las cifras que recoge el informe “Salud en Venezuela. Cuando la corrupción es el virus”.
Entre mediados de 2018 y finales de 2019, fallecieran 4 mil 858 personas en los recintos de salud por causas evitables. Solo en el hospital J.M. de los Ríos, durante el primer semestre de 2019, murieron seis niños que esperaban por trasplante de médula.
En medio de la pandemia, y a propósito de la emergencia sanitaria, el gobierno de Nicolás Maduro afirmó que en el país estaban disponibles más de 23 mil camas hospitalarias, pero un un informe elaborado por el ministerio de Salud en marzo de 2020, al que tuvieron acceso medios venezolanos, refiere que en los centros centinela existen sólo 8 mil 306, de las cuales solo 943 estarían operativas para pacientes de COVID-19, entre ellas 339 camas ventiladas y 707 de aislamiento para casos con complicaciones.
Se unen las fallas de servicios básicos como agua, electricidad y combustible que agobian a la población de todo el país, pero que golpean especialmente al sector salud, lo cual se vio muy gravemente durante el apagón registrado en marzo de 2019, que dejó a más de 90% del territorio sin energía eléctrica.
Entonces, hospitales que debían contar con plantas auxiliares para responder ante interrupciones del servicio quedaron a oscuras, lo que provocó la muerte de más de 20 pacientes, de acuerdo con la organización Médicos por la Salud.
Ni hablar de la fuga de talentos, pues entre los más de 5 millones de venezolanos que han emigrado para escapar de la crisis, para septiembre de 2019, había más de 30 mil médicos.
La dimensión del daño
Resalta el documento de Transparencia el aumento exponencial de enfermedades que estaban relativamente controladas. Según la OPS, el número de casos de tuberculosis informados en Venezuela aumentó de 6 mil en 2014 a 11 mil 394 en 2018. Entre los más afectados están los presos y los pueblos indígenas. Mientras que, entre 2009 y 2018, el número de casos de malaria tuvo un alza de 1.000%, al pasar de 36 mil 556 a 404 mil 924.
La peor parte se la llevan las personas con enfermedades crónicas potencialmente mortales. Cifras de Codevida (Coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida) revelan que la falta de medicamentos pone en riesgo a los 300 mil pacientes crónicos que hay en el país, entre ellos los trasplantados, hemofílicos, oncológicos, con esclerosis y Parkinson.
Asimismo, en las últimas décadas, los pacientes renales no han dejado de protestar exigiendo respeto a sus derechos. Sin embargo, cerca de 5 mil venezolanos en diálisis murieron entre 2017 y 2019, según datos del exministro y presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Carlos Rotondaro.
Sospechosos habituales
El seguimiento detallado y la sistematización de casos han permitido detectar 14 principales mecanismos de corrupción en el sistema sanitario que salpican a cuatro castrenses que estuvieron al frente del ministerio de Salud entre 2007 y 2013, entre ellos Jesús Mantilla, Carlos Rotondaro, Luis Reyes Reyes y Eugenia Sader, quienes han resultado investigados por cometer actos irregulares en sus cargos., como prestación del servicio de salud y la entrega de medicamentos a cambio de lealtad para garantizar permanencia del chavismo en el poder político, compras innecesarias o ineficaces y/o la firma de contratos amañados para presuntamente favorecer intereses particulares, entre otros.
Resalta además una investigación periodística que comparó el monto de las compras realizadas por la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) con el precio promedio con el que instituciones en cuatro países de la región adquirieron los mismos productos, reveló que cuatro empresas extranjeras vendieron materiales e insumos médicos a Venezuela a precios por encima de su valor real. El esquema involucra al menos US$ 11,3 millones, entre 2016 y 2018.
También se enumera el presunto desvío de US$ 100 millones por hechos de corrupción dentro del IVSS durante la gestión de Rotondaro, entre los responsables del manejo de las compras de materiales de diálisis y de medicinas de alto costo para pacientes con cáncer, inmunosupresores y VIH.
Otro caso notorio que explica la ONG es el de la exministra Eugenia Sader, imputada por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir, en una serie de presuntas irregularidades en la contratación de empresas para la construcción de seis hospitales de alta tecnología (nunca concluidos) y que habría implicado el despilfarro o desaparición de US$663,6 millones.
Nota de prensa
