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La organización Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, denunció este miércoles “discriminación” y la violación a los derechos de identidad y libre tránsito por parte de las autoridades, tras conocerse los aranceles que deben cancelar los venezolanos que deseen obtener un pasaporte de forma expedita.

Transparencia Venezuela indicó en un comunicado que está “sumando adhesiones” para llevar a instancias internacionales de protección de derechos humanos la denuncia contra el Estado venezolano por estas violaciones.

El Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería (Saime) anunció el pasado jueves un nuevo servicio exprés para tramitación del pasaporte en 72 horas, una atención especial que tiene un costo de 122.400 bolívares.

El servicio regular tiene un costo de 54.600 bolívares, y no establece un periodo determinado para la entrega del documento, un precio muy superior a los 3.600 bolívares que se pagaban hasta hace una semanas.

El anuncio del nuevo servicio del Saime se hace en medio de centenares de denuncias de venezolanos que han esperado por hasta seis meses la entrega de su documento sin recibir respuesta.

El costo del nuevo trámite “habilitado” o exprés equivale a casi tres salarios mínimos de un venezolano. “Estos valores representan un incremento de 1.516 % o 15 veces su valor en el caso de los no habilitados y de 3.400 % o 34 veces su valor, en el caso de los habilitados”, indicó Transparencia.

En este sentido, Transparencia Venezuela reclama que no exista una publicación oficial que explique o soporte el cobro del servicio para la tramitación y expedición del pasaporte distinto a los 3.600 bolívares, equivalentes a las 12 unidades tributarias que establece la legislación venezolana.

Denuncia además que este arancel discrimina a los venezolanos de menos recursos y a los ciudadanos ‘no bancarizados’ o sin capacidad de endeudamiento, al establecer que algunos de los pagos deben hacerse con tarjeta de crédito.

Señala además que discrimina a los venezolanos que viven en el extranjero, ya que este privilegio está dirigido solo a los residentes en el país, y subraya el hecho de que no se establezca un plazo para entregar los pasaportes que no sean habilitados.

Asimismo, reclama que no se informe qué ocurrirá con los pasaportes solicitados antes del 3 de marzo, cuando entró en vigencia el cobro y el nuevo servicio, y por el que, dijo, no debe cobrarse habilitación porque “no se puede agilizar un trámite que se encuentra retrasado por causas imputables al órgano responsable de la prestación del servicio”.

Transparencia Venezuela indicó que ha recopilado 115 denuncias relacionadas con la expedición de pasaportes que ya fueron enviadas al Saime, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General y ante el Ministerio de Interior venezolano.

“Ante la absoluta ausencia de respuestas a las distintas solicitudes hechas en nombre de estos 115 denunciantes y la gravedad del daño que el desempeño del Saime ha ocasionado a los venezolanos que necesitan su pasaporte para distintos fines, Transparencia Venezuela emprendió el 27 de febrero una recolección de adhesiones”, dijo.




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