A través de un comunicado, la asociación civil Transparencia Venezuela alertó sobre el riesgo de abuso y corrupción que constituye la opacidad en torno a los casos de Monómeros y Citgo, activos del estado Venezolanos ubicados en Colombia y Estados Unidos respectivamente.
Señala en su texto que tal opacidad constituye la negación de la rendición de cuentas y del respeto al sistema democrático, donde activos e intereses públicos que no constituyen propiedad de los gobernantes, quedan bajo libremente discreción de ellos, aunque se trate de un deber responder a instituciones y a ciudadanos.
En tal sentido, insta a los organismos públicos a controlar y proteger bienes públicos con transparencia y efectividad. En tal sentido, llama al opositor Juan Guaidó a entender la urgencia y necesidad que tiene el país de contar con un organismo de control, con capacidad para prevenir irregularidades. “La falta de capacidad conlleva riesgos de corrupción y pérdidas por ineficiencias”, resalta el documento.
Mecanismos de rendición de cuentas
Transparencia Venezuela indica que, a más de dos años de gestionar recursos públicos, se deben encontrar mecanismos para rendir cuentas de calidad y divulgar la información pública superando el argumento de “cuidar a los beneficiarios de represalias de Maduro o exponer los recursos a los acreedores” para no revelar datos y detalles relevantes.
La opacidad por seguridad no se puede seguir usando, mientras no se ha fortalecido un sistema de contraloría independiente.
En tal sentido señala: “Hacemos un llamado a Juan Guaidó, y a la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015 a que respondan al país sobre todas las alertas que se han expuesto por sus mismos funcionarios y a través de medios de comunicación; que rindan cuentas de calidad publicando los informes con soportes y en formatos abiertos. Que promuevan investigaciones independientes y presenten resultados de las denuncias hechas”.
A su vez, extendió la misma exigencia al gobierno de Nicolás Maduro, “quien tiene a su cargo la gran mayoría de los recursos financieros del país, cientos de entes públicos y más de 900 empresas propiedad del Estado, de los cuales el país desconoce su gestión desde hace más de 10 años”.
Por otra parte, señaló que la propuesta de crear un fondo especial bajo resguardo de una organización internacional para uso exclusivo en ayuda humanitaria, que se viene exponiendo desde hace un año, “debe someterse a un amplio e inclusivo debate que renueve la confianza y garantice la efectividad de los recursos tan preciados para el bienestar de los venezolanos”.
