La ONG Transparencia Venezuela solicitó al Ministerio Público abrir una averiguación en contra del presidente Nicolás Maduro, con el fin de que se investigue el supuesto financiamiento ilegal de la última campaña del fallecido presidente Hugo Chávez.
Esto surge luego de conocerse el testimonio de la publicista brasileña Mónica Moura ante el Ministerio Público Federal de Brasil, en la que aseguró que el presidente Nicolás Maduro le pagó en efectivo, parte del dinero solicitado por ella y su esposo Joao Santana, para elaborar el concepto de la campaña “Chávez, corazón del pueblo”.
En el documento de 16 páginas, Mónica Moura asegura que en 2012 el entonces canciller Maduro la recibió junto a su marido en su despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esa reunión habrían acordado que Joao Santana se encargaría de confeccionar la campaña a cambio de recibir 35 millones de dólares. Una parte del pago -11 millones de dólares- se habría sido hecho en efectivo con fondos irregulares, por quien para la época, era el jefe de la diplomacia venezolana.
“Informa la colaboradora que el canciller Nicolás Maduro exigió que la mayor parte de los pagos referentes a la campaña de reelección se hicieran con recursos no declarados, siendo que los pagos extraoficiales serían hechos por Odebrecht y por Andrade Gutiérrez”. Se lee en el escrito, en el cual ella asegura que unos 9 millones de dólares jamás fueron cancelados por las autoridades venezolanas.
Moura, en su declaración a la Fiscalía brasileña, atestiguó que ella y Santana viajaron a Caracas en el avión privado de Andrade Gutiérrez y que algunas veces lo hicieron acompañados por exministros del ahora expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva, quien también está siendo investigado.
Santana y Moura fueron detenidos en febrero de 2016 al llegar a Brasil desde República Dominicana, donde trabajaron para la campaña electoral por la reelección del presidente Danilo Medina. Tras ser declarados culpables de participar en esta trama corrupta, acordaron ayudar al Ministerio Público con sus investigaciones de la Operación “Lava Jato” a cambio de reducciones de sus condenas.
La Operación “Java Jato” es una gran averiguación iniciada por la justicia brasileña en 2014 que ha llevado a la cárcel a decenas de políticos y empresarios acusados de haber pagado sobornos a cambio de recibir contratos con la petrolera Petrobras. Entre los condenados figura el presidente de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht.
Debe rendir cuentas
Transparencia Venezuela también solicita a la Fiscalía informar sobre el resultado de las gestiones que anunció en enero de 2016, para determinar si funcionarios venezolanos recibieron sobornos de Odebrecht, tal y como lo admitió el presidente de dicha empresa.
La ONG igual reclamó al Consejo Nacional Electoral que presente el libro de cuentas de la campaña de Hugo Chávez del año 2012.
El presidente Maduro debe rendir cuentas al país. Así lo señala el abogado penalista Jesús Ollarves, quien explica que en ninguna ley se estipula que un canciller pueda disponer de los recursos públicos sin un procedimiento administrativo preestablecido.
“Por lo que el pago no es compatible con los estándares de transparencia y pulcritud de manejos públicos establecidos en la Constitución y en el artículo 1 de la Ley Contra la Corrupción, y representa un posible delito. El hoy presidente de la República de Venezuela tiene la obligación política y jurídica de rendirle cuentas al pueblo venezolano”, señaló.
Para Ollarves, lo correcto era que el presidente Hugo Chávez y el entonces canciller Nicolás Maduro salvaguardaran el patrimonio público, y el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.
“Habría que revisar los elementos relacionados con el hecho y concluir en un veredicto. Si no se hizo bajo los principios establecidos en el artículo 1° de la Ley Contra la Corrupción, incurrió en delito, y le corresponderá al Ministerio Público investigar el destino de esos fondos públicos y su legalidad”, agregó el profesor universitario.
Ollarves recordó que una acción similar a esta implicó el juicio y posterior salida de su cargo del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando este le dio 250.000 dólares a la entonces presidenta de Nicaragua, Julieta Chamorro.
“Se aplicaron las reglas del Estado de Derecho. Aunque las circunstancias son distintas, ya que Pérez enfrentó a la justicia, se despojó de todos sus privilegios y se sometió a las reglas de una investigación que se justificaba. Y se le sancionó por una crisis que arrastraba el país desde hace 40 años”, recordó.
El abogado penalista insiste en que hoy lo que el pueblo reclama, es que las situaciones dudosas e ilegítimas sean investigadas y sancionadas. “Y lo correcto hoy sería que el presidente Nicolás Maduro comparezca ante una Fiscalía y un TSJ independientes e imparciales. Lo relevante es que debe rendir cuentas ante la historia y los venezolanos”.
