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Transportistas de la Gran Valencia aumentaron la tarifa del pasaje unilateralmente en perjuicio de los usuarios. Dos bolívares por el servicio está cobrando la mayoría, a pesar de que los establecido por el gobierno el 24 de agosto fue de un bolívar.

Las quejas de los pasajeros se hacen sentir todos los días por lo que se forman discusiones entre el prestador de servicio y el usuario.

Los ciudadanos recuerdan a los transportistas que la tarifa que estableció el gobierno es de un bolívar soberano, pero los colectores y conductores responden en forma alanera que sus unidades no son del gobierno.

La irregularidad no solo se presenta en el transporte privado sino también en el público. Por decisión del Ejecutivo nacional las tarifas a pagar en las unidades privadas son de 0,50 bolívares, pero en Carabobo buena parte de las unidades cobran dos bolívares. También se han formado discusiones con los usuarios porque estos últimos pagan un bolívar.

Los transportistas argumentan que dos bolívares no son nada y que los repuestos han subido mucho de precio. No toman en cuenta que para la gente humilde que tiene que pagar hasta seis pasajes diarios, dos bolívares representan bastante, porque el precio de la comida también ha subido considerablemente.

Irma de Solórzano cuestionó en la parada de la avenida Cedeño, que los transportistas el pasaje por encima de lo establecido y que los policías que allí resguardan el orden no hagan nada.

Claudio Serrano, un anciano que hacía la cola, también llamó la atención sobre el particular. “Esos policías no hacen nada porque los conductores les mojan la mano, eso es todo”.

Carmen Tejera comentó que no puede ser que los camioneteros aumenten el pasaje cada vez que les venga en gana y los usuarios queden indefensos.

“Dos bolívares me cobran a mí desde plaza de toros hasta la espiga de oro, eso no puede ser”.

En lo que no ha  variado la actitud de los transportistas es en cubrir solo rutas cortas. Buena parte de ellos también mantienen equipos con alto volumen, pero para eso no hay autoridad que haga respetar los derechos de los usuarios.




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