A pesar de que sus condenas ya fueron cumplidas, el comisario de la extinta Policía Metropolitana, Marco Javier Hurtado; y los pilotos Peter Moreno y Luis Lugo, permanecen en el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como la cárcel de Ramo Verde.

Hurtado, sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión por dos de las 19 muertes ocurridas el 11 de abril de 2002, debió salir en libertad el 16 de diciembre de este año, porque el día anterior cumplió la condena completa. Sin embargo, la jueza Ada Marina Armas no ha enviado a Ramo Verde la boleta de excarcelación que lo devolverá a su casa, junto a su familia.

El primer teniente de la Aviación, Peter Moreno, fue condenado a 4 años y 8 meses de prisión, por lo que el gobierno llamó el “golpe azul”. Su tiempo en prisión debió expirar el 20 de octubre de 2019, pero a la fecha el juez de ejecución de la corte marcial, teniente coronel del ejército, Iván Bustamante Prieto, no ha emitido la boleta de excarcelación.

Tampoco aparece la del primer teniente Luis Lugo Calderón, quien cumplió su condena el 22 de noviembre de este año. El mismo juez Bustamante mantiene escondida la boleta de excarcelación que lo autoriza a salir de la cárcel.

Estos tres casos configuran un nuevo modus operandi de un gobierno que no conoce de leyes. Mantiene ilegalmente presos a hombres que ya cumplieron su condena. Más allá de señalar si son culpables o inocentes, ya ellos pagaron por lo que no hicieron. Pero aún siguen presos y eso no está contenido en ninguna ley de la República, solo en los absurdos de este régimen.



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