En espera de la lectura de sentencia del Operativo Independencia.(Cortesía)

 

Un tribunal dará sentencia el viernes en el histórico juicio por crímenes de lesa humanidad durante la ocupación militar de Tucumán (norte de Argentina), que empezó en democracia en 1975 y siguió en dictadura (1976-83), con 17 imputados y 266 víctimas, tras 15 meses de audiencias.

La orden de lanzar el operativo de represión dada por la expresidenta Isabel Perón (1974-76) fue el comienzo del terrorismo de Estado que sufrió Argentina hasta 1983.

Entre los desaparecidos del denominado ‘Operativo Independencia’ hay seis mujeres que sufrieron secuestro embarazadas y cuyos hijos son aún buscados por Abuelas de Plaza de Mayo, quienes llevan resueltos los casos de 124 nietos apropiados por represores durante el régimen en todo el país.

«Es un caso único en la Argentina, donde hubo una ocupación militar dentro del propio país, porque el ejército se instaló en el sur tucumano de la misma manera en que se ocupa una nación extranjera», dijo a la prensa local el fiscal del caso, Pablo Camuña.

La justicia argentina lleva dictadas 703 condenas a comandantes, jefes y subordinados de las fuerzas armadas o de seguridad desde que fueron derogadas en 2003 las leyes de amnistía por el gobierno del fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Entre los sentenciados estuvieron el destituido general golpista y dictador Jorge Videla, quien falleció en una celda común en 2013. La megacausa ‘Operativo Independencia’ está en manos de un tribunal tucumano, 1.250 km al norte de Buenos Aires.

Isabel Perón fue la primera presidenta mujer de Argentina. Heredó el poder por su condición de vicepresidenta en el momento del fallecimiento en ejercicio de la presidencia de su marido, el tres veces exmandatario Juan Perón.

Los militares realizaron «censos, control territorial, intervención absoluta de la sociabilidad de cada uno de los pueblos, con bases y centros clandestinos diseminados por todo Tucumán», sostuvo Camuña.

Durante el juicio, con 455 testigos y decenas de pruebas documentales, «se pudieron reconstruir las líneas centrales del primer capítulo masivo del plan sistemático de persecución y exterminio de la población y el primer caso de terrorismo de estado de nuestra historia», agregó.

El aniquilamiento 

Aquel decreto presidencial que dispuso «el aniquilamiento de elementos subversivos» fue uno de los argumentos usados desde 2003 en los juicios por abogados defensores de los militares de la dictadura como pretexto para justificar las desapariciones de millares de personas, persecuciones, prohibiciones y exilios.

Durante el gobierno de la última esposa de Perón entró en acción una organización paramilitar y parapolicial con apoyo civil, denominada Triple A, que comenzó a aplicar por primera vez en Argentina el método de desaparición forzada.

En los primeros casos los opositores políticos aparecían enseguida acribillados a balazos. Isabel Perón fue derrocada el 24 de marzo de 1976.

«El Ministerio Público Fiscal pidió en su alegato final prisión perpetua para 10 de los 17 imputados, y penas de entre tres y 20 años de prisión a los restantes», dijo en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo. Los acusados son exmilitares y expolicías.

En Tucumán actuaban organizaciones armadas de izquierda, que fueron totalmente desbaratadas. Durante la represión se sembró el terror y desaparecieron dirigentes obreros, estudiantiles y profesionales.

Después de la lectura del fallo, que organismos humanitarios esperan condenatorio en la mayoría de los casos, previsto para las 15H00 locales (18H00 GMT), se han organizado mitines y un festival artístico en una plaza céntrica tucumana.




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