El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (centro-i), y la alcandesa de Barcelona, Ada Colau (centro-d), entre otros, durante la concentración. (EFE)
El Tribunal Constitucional español anuló definitivamente este martes la ley catalana por la que el gobierno regional convocó el referéndum prohibido del 1° de octubre sobre la independencia, recordando que Cataluña no tiene el derecho a la autodeterminación.
La corte informó en un comunicado haber “declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, denominada ‘del referéndum de autodeterminación’, suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre”.
“Para ninguno de los ‘pueblos de España’ […] existe un ‘derecho de autodeterminación'”, indicó el fallo unánime de los doce jueces del tribunal. El “‘derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado […] no está reconocido en la Constitución”, agregó.
Desde 2014, la justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del ejecutivo y del parlamento catalanes destinadas a la organización de un referéndum de autodeterminación.
La ley por la que se convocó el referéndum fue suspendida al día siguiente de ser votada por el parlamento regional catalán, en una caótica sesión que fue calificada por diputados unionistas como “golpe de Estado” de la mayoría independentista.
El referéndum tuvo lugar el 1° de octubre, pese a los esfuerzos del gobierno central y la justicia española por impedirlo, y estuvo marcado por cargas policiales.
La consulta, que no contó con las garantías electorales habituales, fue ganada por el sí con un 90% de los votos y un 43% de participación, según los independentistas.
El gobierno central insiste en que las autoridades catalanas están en la “ilegalidad” y amenazan con suspender, en parte o en su totalidad, la autonomía de Cataluña.
Concentración en protesta por el encarcelamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. (EFE)

Miles protestan 

A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio “la liberación de los presos políticos”, en referencia a Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban “libertad”, “independencia” y “la represión no es la solución”.
El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves “en solidaridad” con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.
Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2,6% a 2,3%.
“Todo el apoyo a las movilizaciones, pero sobre todo no caigan en las provocaciones” del Estado español, dijo en rueda de prensa el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, quien advirtió: “La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno”.

 




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