Un tribunal de Caracas fue el que ordenó el allanamiento del apartamento del magistrado en el exilio Antonio José Marval, el cual efectuó el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, este lunes en horas de la mañana.
Los funcionarios del Sebin llegaron a las 9:25 am al segundo piso del edificio Isla de Aves, de la urbanización El Bosque de Valencia, propiedad del abogado penalista Antonio José Marval, pero que está alquilado desde diciembre del año pasado, a la pareja conformada por Jhon Henríquez y la periodista Zuilan Chacín.
La pareja, junto a su hijo de meses de nacido, estaba en el inmueble en el momento del allanamiento. Henríquez aseguró que no hubo ningún tipo de maltrato y que los funcionarios solo revisaron documentos.
Según se conoció, la orden de allanamiento está signada con el número 020-18, con fecha cuatro de mayo de 2018, emanada del Tribunal 27 de Primera Instancia en Funciones de Control de la Circunscripción Penal del Area Metropolitana de Caracas, y suscrita por la abogada Zulay Salazar González.
Los actuantes fueron funcionarios de la Dirección de Acciones Inmediatas del Sebin y miembros de la Policía Nacional contra la corrupción. A lugar también se hizo presente el comisario José Meléndez, jefe de la bate territorial Carabobo del Sebin.
La ejecución de la medida se hizo en presencia del fiscal 10 del Ministerio Público, Héctor Pimentel.
A las afueras del edificio se encontraba el abogado Luis Armando Betancourt, director del Foro Penal en Carabobo, y Alfonso Granadillo, vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado Carabobo.
Tanto Betancourt como Granadillo rechazaron los allanamientos que se han venido produciendo en los últimos días contra propiedades de los magistrados en exilio, pues consideran que es una manera de amedrentarlos.
Los abogados consideraron inoficioso, que se les allane las propiedades a los magistrados, aún en conocimiento de que no están allí porque tienen tiempo fuera del país junto a su familia.
Comentaron que el caso será llevado a consideración de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, por considerar que este tipo de acciones solo buscan amedrentar para evitar que los magistrados en el exilio sigan cumpliendo con su trabajo desde el exterior.
Igualmente expresaron que de acuerdo a la ley son inallanables los consultorios jurídicos de los abogados, porque allí reposan informaciones confidenciales de sus clientes, que podrían pasar a otras manos de manera fraudulenta, lo cual viciaría el proceso.
Betancourt al igual que Granadillo expresó que todo se estaba haciendo de acuerdo a la ley, porque había presencia del Ministerio Público y de un abogado particular.
Según se conoció, este mismo lunes se estaban realizando allanamientos en algunas oficinas vinculadas a magistrados en el exilio, situadas en los centros comerciales Vía Veneto y Viña Plaza.
