La Audiencia Nacional española rechazó hoy extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de la petrolera PDVSA acusado de blanqueo de dinero sustraído de esta empresa pública, al entender que se pueden violar sus derechos y ser sometido a «tratos inhumanos o degradantes» si es entregado.
En un auto al que tuvo acceso Efe, el tribunal considera que no puede admitir la extradición «por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva», dada «la directa conexión existente en el presente caso con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes» y su derecho «a la libertad».
En la vista judicial del miércoles pasado sobre la extradición, el abogado Ismael Oliver, que defiende a Sánchez Rodríguez, aportó una serie de documentos sobre los malos tratos que, supuestamente, están recibiendo dos detenidos en Venezuela por este mismo caso.
Son Diego Salazar y José Enrique Luongo, internos en el centro conocido como «La tumba», los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas.
La Fiscalía española era partidaria de la extradición, pero esos documentos han sido clave para que la Audiencia Nacional rechace la entrega de Sánchez Rodríguez, pues cree que podría sufrir un trato parecido en Venezuela.
«La aportación de la documentación indicada obliga al tribunal a dar una respuesta apropiada al caso, aplicando la doctrina emanada por el Tribunal Constitucional (español) en protección de los derechos fundamentales de los reclamados», argumenta la Audiencia.
Los datos, prosigue el tribunal, «permiten deducir» que la situación que sufren otros encausados «puede repetirse».
Dicen los jueces que el destino de un extraditado «no es ni puede ser indiferente» a las autoridades del país que lo entrega, que deben prevenir que se dañen sus derechos fundamentales.
En la causa que investiga el expolio a PDVSA, también están pendientes de extradición otros dos venezolanos residentes en España: el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y Luis Mariano Rodríguez Cabello, primo hermano de Sánchez Rodríguez.
A todos ellos los reclama Venezuela acusados de delitos que se corresponderían en España con los de pertenencia a organización criminal, blanqueo, malversación y tráfico de influencias.
En el caso de Sánchez Rodríguez, el tribunal español recuerda que estos hechos pueden ser investigados en España y por ello remite la causa al decanato de la Audiencia Nacional para que, en su caso, abra una instrucción al respecto.
