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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) le quita las competencias a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y le da a la Defensoría del Pueblo legitimación procesal en materia penal.

Esta afirmación la hicieron los periodistas Eugenio Martínez y Víctor Amaya tras la publicación de la sentencia 469 de la Sala Constitucional del TSJ que admitió recurso de interpretación sobre competencias del Defensor del Pueblo.

La sentencia del máximo tribunal indica entre otras cosas, que no existen obstáculos jurídicos para que la Defensoría del Pueblo pueda asumir la representación procesal de los intereses legítimos de la víctima, en el caso especialísimo de hechos punibles que pudieran implicar violación de derechos humanos, en los términos del artículo 123 del Código Orgánico Procesal Penal.

Y además que la Defensoría del Pueblo tiene facultades para investigar, emitir opiniones y recibir denuncias requiriendo, si es necesario, la colaboración de los demás órganos del Poder Público.

Tarek William Saab catalogó la sentencia como histórica.




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