La abogada Nafeesa Mohammed, líder local en favor de los derechos humanos, había pedido a las autoridades del país caribeño que liberaran a los niños venezolanos que quedaban detenidos.
«Necesitan protección, no persecución. El asunto ya está ante los tribunales, pero hasta que no se decida por qué no liberarlos. El Estado tiene los poderes y la autoridad para hacerlo», subrayó Mohammed.
«Pueden ponerlos bajo órdenes de supervisión. Hay muchas vías abiertas para ellos», sostuvo, tras recordar que los menores han estado detenidos durante más de un mes.
La odisea de la diáspora
Los 16 niños, incluido el bebé de cuatro meses, y 11 adultos habían entrado ilegalmente en Trinidad y Tobago el pasado 17 de noviembre.
De hecho, el grupo terminó arrestado y llevado a la comisaría de la localidad de Erin, donde pasaron cinco noches en prisión.
El 22 de noviembre resultaron escoltados al exterior de las aguas de Trinidad y Tobago por la Guardia Costera, una vez que las autoridades del país afirmaron no tener conocimiento de una solicitud presentada para detener la deportación.
Después de pasar dos días en el mar, el grupo regresó a Trinidad y Tobago el 24 de noviembre, donde quedaron nuevamente retenidos en la comisaría de Erin y posteriormente trasladados al helipuerto Chaguaramas, donde han permanecido durante casi un mes.
«Llevan detenidos más de un mes. Si bien muchos de nosotros pasamos la Navidad con familias y seres queridos, ellos estaban al cuidado del Estado», dijo la abogada.
Mohammed aseguró haber identificado a los padres de los niños y a los familiares más cercanos, así como las direcciones y los permisos registrados legalmente, para que los funcionarios de inmigración, tuvieron la oportunidad de verificar que la información proporcionada era auténtica.
Mohammed señaló que se otorgaron mandatos judiciales a todos los niños para que no fueran sacados de la jurisdicción hasta la audiencia y la determinación de los tribunales.
«No son criminales, no tienen que estar tras las rejas, están bajo control militar y eso es contrario a la Ley de Autoridad y todos los principios del interés superior. Estoy conmocionada por la forma tan distorsionada en que se mira el asunto cuando estamos hablando de niños», agregó. EFE
