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El Gobierno de Trinidad y Tobago aseguró hoy que respeta los derechos de los solicitantes de asilo, así como la decisión de cualquier ciudadano extranjero de regresar voluntariamente a su país de origen, en relación a los 82 venezolanos deportados desde ese territorio el pasado fin de semana.

El grupo había sido mantenido bajo detención en Trinidad y Tobago y fue deportado a Venezuela el pasado sábado a pesar de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) solicitó entrevistarse con esas personas.

“El Gobierno de Trinidad y Tobago tiene el derecho de repatriar a cualquier ciudadano extranjero que infrinja las leyes locales y tomará los pasos necesarios para garantizar la repatriación”, señala la declaración oficial divulgada en un comunicado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

“Con este fin, el Gobierno de Trinidad y Tobago y el Gobierno de Venezuela han mantenido conversaciones para reducir la duración de la detención de los ciudadanos venezolanos en violación de las leyes de Trinidad y Tobago y para repatriarlos a su país de origen tan pronto como sea posible”, subraya el comunicado.

El Ejecutivo de Puerto España mantiene que los venezolanos fueron voluntariamente repatriados a Venezuela con la asistencia del embajador de Caracas ante Trinidad y Tobago, Coromoto Godoy.

Las autoridades de Trinidad y Tobago subrayan que mantuvieron conversaciones con el embajador venezolano el pasado día 18 para discutir los arreglos para que quienes estaban siendo alojados en el Centro de Detención de Inmigrantes de Aripo regresaran a su país.

El represente de Naciones Unidas ante Trinidad y Tobago, Richard Blewitt, señaló que a esa organización le preocupa el bienestar de esas personas y que está en contacto con las autoridades competentes de Puerto España para garantizar que cualquier solicitante de protección la obtenga.

El coordinador de la organización Living Water Community (LWC) -que trabaja en colaboración con ACNUR-, Rochelle Nakhid, señaló por su parte que la ONU solicita a los Estados que faciliten a los refugiados formas de acceso al territorio de acogida, la entrega de documentación oficial y protección a los derechos básicos, además de la no deportación al país de origen, en este caso Venezuela.

El Gobierno que lidera Keith Rowley dijo que en el aeropuerto, en el momento de la salida de los venezolanos, “se le preguntó a cada persona si tenían temor u objeción a regresar a su tierra natal” y que “todos declararon que querían irse”.

“Cada uno firmó los documentos necesarios para su partida antes de que los funcionarios de Inmigración le entregaran su documento de viaje y los funcionarios de aduanas revisaran sus bienes personales”, subraya el comunicado.

“Antes de abordar el avión, un grupo diferente de funcionarios preguntó nuevamente a cada individuo si temía regresar a su país de origen y cada uno volvió a responder negativamente y abordó voluntariamente un autobús con sus pertenencias para llevarlo al avión. Nadie fue forzado”, se asegura en el comunicado.

El Gobierno de Trinidad y Tobago insiste en que ha estado colaborando con ACNUR para garantizar la protección de las personas que huyen de la persecución y “continuará apoyando ese trabajo mientras mantiene la ley y el orden”.

El comunicado reconoce que la División de Inmigración ha recibido informes sobre ciudadanos extranjeros que han entrado en el país a los que se les exige pagar una tarifa para facilitar su petición de asilo.

El Gobierno resaltó que le preocupa que “muchos extranjeros hayan entrado en el país de manera ilegal o hayan excedido el permiso otorgado por la División de Inmigración y, como resultado, puedan ser susceptibles a la explotación debido a su estatus migratorio irregular”.

“Estas violaciones a la seguridad nacional no serán toleradas por este Gobierno y se harán todos los esfuerzos posibles para evitar la explotación de ciudadanos extranjeros, mientras que al mismo tiempo, seguimos protegiendo las fronteras de este país”, concluye el comunicado.




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