El máximo tribunal de Venezuela anuló este jueves el juicio parlamentario que el martes declaró la «responsabilidad política» del presidente Nicolás Maduro en la profunda crisis que golpea al país.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sentenció que los actos de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, «resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica», ratificando que el Legislativo se encuentra en «desacato».
El TSJ, calificado por la oposición como el brazo jurídico del chavismo, recordó una decisión previa de la Sala Constitucional -emanada el 15 de noviembre último- que había ordenado al Parlamento «abstenerse» de continuar el proceso contra el mandatario.
La oposición había postergado el procedimiento legislativo contra Maduro en el marco del diálogo iniciado con el gobierno el 30 de octubre a instancias del Vaticano y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), pero lo retomó tras congelar las conversaciones, alegando que el oficialismo había incumplido los acuerdos alcanzados.
Así, este martes, la mayoría de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aprobó establecer la «responsabilidad política» del presidente y solicitar a la Fiscalía que investigue si existen razones para abrir un juicio contra el gobernante socialista que lleve a su destitución.
Los diputados chavistas se retiraron de la sesión, denunciando un intento de «golpe de Estado».
Ahora el TSJ subrayó que «aún persiste» la situación de desacato del Parlamento, «por no haber sido formalmente desincorporados» tres diputados opositores cuya elección fue suspendida por denuncias de fraude presentadas por el oficialismo.
Los asambleístas Julio Ygarza, Nirma Guarulla y Romel Guzamana, electos por el estado Amazonas (sur), solicitaron su exclusión el 15 de noviembre, lo que es considerado suficiente por la oposición, pero la justicia sostiene que esa petición no fue «aprobada o rechazada» en el hemiciclo.
