Ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio denunciará las actuaciones de los miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo y de los órganos policiales y militares en Venezuela en la comisión de crímenes de lesa humanidad, partiendo del caso del estudiante universitario John Alvarez, quien en la audiencia prelimiar denunció, nuevamente, las atrocidades cometidas en su contra para lograr que inculpara a varios sindicalistas, también detenidos.
Antonio Marval, presidente del organismo, detalló que fue el propio detenido frente al juez de la causa quien enumeró las torturas sufridas, al igual que lo han hecho sus padres, su defensor y organizaciones de derechos humanos.
Por esta razón, el TSJ en el exilio elaboró un acuerdo en el que condena la tortura directa e indirecta, incluyendo el sufrimiento infligido a familiares de detenidos, la negación de atención médica adecuada, las amenazas y la negación de condiciones mínimas en lugares de reclusión.
TSJ en el exilio denunciará agresiones al estudiante John Alvarez
En el comunicado contra la tortura, los magistrados rechazan cualquier acto de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, realizados de manera sistemática y como política de la tiranía de Nicolás Maduro Moros, con el propósito de obtener confesiones o declaraciones bajo coacción, en franca violación de los numerales 1 y 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es un secreto para ellos que la tortura se ha generalizado en el paìs.
Detallan los jueces que los representantes de organismos judiciales serán denunciados por la comisión de crímenes de lesa humanidad, pues el argumento de que reciben órdenes de miembros del gobierno, no procede ya que con ella igual facilitan los crímenes, bien como cómplices, encubridores o colaboradores.
Adicionalmente, informarán a la fiscalia de la CPI sobre las torturas y tratos crueles sufridos por John Álvarez, hechos que violentan la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional
Los argumentos de los magistrados tienen que ver con que las investigaciones de la CPI y organizaciones defensoras de Derechos Humanos han documentado la generalización de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes en Venezuela como un método de represión contra la disidencia y de quienes se atreven a reclamar sus derechos.
Organismos como la Dirección General de ContraInteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar y la Policía Nacional Bolivariana están en la mira de los organismos internacionales, por las frecuentes denuncia referidas a que en los interrogatorios torturan a los detenidos para lograr que confiesen delitos no cometidos o involucren a terceras personas.
