Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio declararon a Nicolás Maduro Moros responsable del delito de exterminio, previsto en el estatuto de Roma, en perjuicio de la población venezolana y en consecuencia se ordenó remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) la sentencia dictada por la Sala Constitucional de este supremo.
Así lo dio a conocer a través de un video publicado por medio de las redes sociales en el que informa que, en sesión plenaria presidida por Antonio Marval, se aprobó por unanimidad la sentencia que incluyó incluyó una resolución sobre la necesidad de la apertura de un canal internacional de ayuda humanitaria para atender al pueblo venezolano.
Esta resolución basada en la sentencia de la Sala Constitucional, con ponencia de la magistrada Elenis del Valle Rodríguez Martínez, debió ser acatada por Nicolás Maduro Moros, quien estaba obligado a ejecutarla, incurriendo así en la responsabilidad de desacato judicial.
El TSJ en el exilio reiteró que el incumplimiento de Maduro a la apertura del canal y ahora el condicionamiento de esa medida humanitaria lo hace responsable del delito de exterminio, previsto en el estatuto de Roma en perjuicio de la población venezolana, por lo que fue remitida a la Corte Penal Internacional.
Dado que la salud es un derecho social fundamental y es una obligación del Estado garantizarlo, el líder opositor Juan Gerardo Guaidó Márquez, aprobó la compra de 12 millones de vacunas para Venezuela, siendo autorizado por los miembros de la Asamblea Nacional de 2015, para acceder al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Estatuto de Roma. Artículo 7, numeral 1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil…: b) EXTERMINIO pic.twitter.com/advs5Hh6fL
— TSJ_Legítimo (@TSJ_Legitimo) April 1, 2021
 en el exilio declara a Nicolás Maduro Moros, responsable del delito de exterminio, previsto en el estatuto de Roma, en prejuicio de la población de Venezuela y en consecuencia se ordenó remitir a la Corte Penal Internacional (CPI) la sentencia dictada por la Sala Constitucional de este supremo.){kind=link}