TSJ
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La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 537 del 12 de julio, en ponencia conjunta de los magistrados que la integran, admitió demanda de nulidad por inconstitucionalidad, conjuntamente con medida cautelar innominada, contra el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal.

La decisión implica que el Ministerio Público sólo podrá imputar a los ciudadanos ante un juez de control. El argumento lo sustentan los magistrados en la necesidad de evitar una posible vulneración de derechos constitucionales que puedan conllevar a una lesión jurídica irreparable. Además, se basa en la independencia de la actuación de los jueces que integran el sistema de justicia penal, así como los derechos de las víctimas en esos procesos, La medida suspende, mientras se dicta el fallo definitivo, la aplicación del único aparte de la norma legal impugnada, el artículo 305 del COPP.

Al efecto se estableció un régimen procesal transitorio, en el sentido de que, ante la solicitud de sobreseimiento por parte del Ministerio Público, no decretado éstelos jueces en ejercicio de sus competencias podrán ordenarle continuar con la investigación, sin perjuicio de su autonomía para concluir la investigación nuevamente.

La Sala Constitucional, a fin de garantizar  el cumplimento de la legalidad en el proceso, en especial los derechos constitucionales del investigado, acordó, de oficio, medida cautelar referida a que toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible, solo obtendrá la condición de imputado una vez haya sido informado por parte del Ministerio Público con las garantías de defensa, en la sede jurisdiccional, de los hechos de los cuales se le atribuye la participación o autoría, así como los elementos de convicción que sustentan dicha imputación.

Nota de prensa




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