Estar y no hacer nada es como no estar. Y por eso hay responsabilidades cuando se tiene un cargo público. Nicolás Maduro, el presidente que heredó el Socialismo del Siglo XXI, lleva a cuestas no solo un desplome de la popularidad de su mandato a 19,5% durante 2016; sino dos declaratorias que para cualquier otro presidente significarían el abandono de su cargo. En Venezuela la historia podría ser otra, observa el abogado constitucionalista y exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Julio Elías Mayaudón. “Estoy convencido: Venezuela es una dictadura y veo muy difícil el camino del juicio político para al destitución de Maduro”.
Desde su instalación la Asamblea Nacional (AN) decretó la crisis humanitaria de medicinas el 27 de enero. La escasez llegó, al cierre del año, a 95% en hospitales, según la Federación Médica Venezolana. Luego, el 11 de febrero, tocó el turno para el decreto de una crisis humanitaria de alimentos. La Organización de Naciones Unidas respaldó esa declaratoria y pidió al Gobierno de Maduro aceptar ayudas internacionales que estaban listas para ser enviadas. Si a esto se suma que, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, la pobreza ha alcanzado 80% de la población, los ingredientes del juicio político estaban servidos. El martes pasado el parlamento, de mayoría opositora, declaró la responsabilidad política de Maduro en la grave situación económica, social y política del país.
La oposición no debería cantar victoria, analiza Mayaudón. Se ha creado una gran confusión en torno al juicio político. El integrante del Bloque Constitucional de Venezuela, una agrupación de distinguidos abogados, exmagistrados y docentes de derecho, explica que Venezuela tiene un régimen “hiper presidencialista”. La AN solo puede determinar la responsabilidad del mandatario, no destituirlo. Esa facultad terminaría reposando en el Tribunal Supremo de Justicia, dice con un tono decepcionado.
En la mayoría de los países europeos, de regímenes parlamentarios, las cámaras o congresos pueden determinar la responsabilidad y proceder con la destitución
Todas las constituciones de países democráticos establecen que se puede determinar la responsabilidad de un funcionario ante una falla, explica el abogado. En la mayoría de los países europeos, de regímenes parlamentarios, las cámaras o congresos pueden determinar la responsabilidad y proceder con la destitución. Un ejemplo en Latinoamérica es Brasil, cuando la presidenta Dilma Rousseff fue sacada de su cargo a través de un juicio político o ‘impeachment’. En Venezuela el camino es más complicado que tener la mayoría de un parlamento.
Mayaudón asegura que no hay forma de destituir a Maduro sin que se halle una responsabilidad penal. “Todo lo demás es un veto de corte político y moral, que afectaría mucho, eso sí, la imagen de cualquier presidente”. Si la AN designa una comisión que investigue la responsabilidad del presidente, y esta -en ejercicio constitucional de sus funciones de contraloría- encuentra algún ilícito, debe notificar al Ministerio Público, que pediría un antejuicio de mérito para que luego sea juzgado por el máximo tribunal del país: el TSJ.
RESCATAR EL VOTO
El diputado carabobeño e integrante de la comisión de Política Interior, Juan Miguel Matheus, es uno de los principales promotores de lo que define como una versión venezolana del juicio político que se aplicó en Brasil. El 23 de octubre se declaró en Venezuela la ruptura del hilo constitucional, tras conocerse que el referéndum revocatorio contra Maduro había sido “secuestrado”, por siete tribunales regionales. La intención de la declaratoria de responsabilidad política prevé la salida del Poder de Maduro y por ende una nueva elección. Sería rescatar el voto, dijo el diputado.
Era hora de reactivarlo. El juicio político era uno de los puntos en la agenda de lucha de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Junto con la presión de calle, el diálogo nacional entre Gobierno y oposición y la activación de la Carta Interamericana Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) pretendía poner fin constitucional, democrático, pacífico y electoral al Gobierno de Maduro. Pero con la llegada del Vaticano como mediador, la sesión convocada para declarar la responsabilidad política había sido postergada hasta que se retomó el martes pasado.
El juicio político per sé no implica la destitución por parte de la AN a Maduro, reconoce Matheus. Lo que sí puede hacer es, en vista de la crisis generalizada, decretar un cese en las funciones del primer mandatario, pues no ha tenido la capacidad de resolver los problemas. Ello sería un abandono del cargo, que sí lo puede promulgar el parlamento. Luego, la Contraloría General de la República o el Ministerio Público deberían solicitar ante la Sala Plena del TSJ un antejuicio de mérito.
