El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó hoy la detención del diputado Germán Ferrer, esposo de la fiscal general Luisa Ortega, al que el Ministerio Público acusa de formar parte de una trama que habría utilizado el Ministerio Público (MP) para lucrarse mediante la extorsión.
«De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia declara procedente la detención del ciudadano Diputado Germán Darío Ferrer«, se lee en la sentencia del TSJ, que da de esta forma luz verde a la solicitud de detención cursada por el nuevo fiscal general, Tarek Saab.
El tribunal establece que Ferrer no tiene derecho al antejuicio de mérito que debe preceder la apertura de procesos a altos cargos al tratarse de un caso de delitos en flagrancia, lo que permite a la justicia saltarse este paso para evaluar si existen motivos para enjuiciar a estas figuras públicas.
La Fiscalía dice tener en su poder documentos originales firmados por Ferrer y otros acusados que demostrarían que abrieron varias cuentas en Bahamas donde tenían hasta 6 millones de dólares.
Ferrer es uno de los antiguos diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que han roto con el presidente Nicolás Maduro y han montado un grupo parlamentario propio en la Cámara venezolana.
Su esposa Luisa Ortega se rebeló hace meses contra el Gobierno y un TSJ al que acusó de servir al Ejecutivo y fue destituida de su cargo el 5 de agosto por la recién instalada Asamblea Nacional Constituyente, creada por el chavismo gobernante para refundar el Estado y purgar las instituciones.
La residencia caraqueña de Ferrer y Ortega fue registrada este miércoles por agentes del servicio de inteligencia, que se llevaron ordenadores y otros materiales de la vivienda.
El oficialista Diosdado Cabello, uno de los miembros más influyente de la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, denunció a Ferrer y a varios altos cargos del MP bajo el mando de Ortega por formar parte de esta supuesta red de extorsión.
Según la denuncia de Cabello, en la que se basó Saab para pedir las detenciones, Ferrer y el que fuera fiscal anticorrupción Pedro Lupera pedían grandes cantidades de dinero en dólares a cambio de retirar acciones penales contra los extorsionados.
Empresarios que trabajaban en la faja petrolera del Orinoco -donde se encuentran las mayores reservas de petróleo de Venezuela- alertaron a los denunciantes de ser víctimas de estas prácticas, según dijeron Cabello y Saab.
La Fiscalía dirigida por Ortega imputó a varios dirigentes de una empresa petrolera con participación del Estado venezolano al hallar indicios de que inflaron precios a la hora de encargar compras de productos de la compañía.
