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El Tribunal Supremo de Justicia cuyos fallos han cancelado o retrasado procesos electorales, suspendió la elección en la principal universidad del país, cuyos representantes son activos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.

La Sala Electoral del TSJ paralizó las elecciones en la Universidad Central de Venezuela (UCV) -previstas para el viernes-, mientras decide sobre un recurso de amparo presentado por cuatro alumnos de esa casa de estudios por supuestas irregularidades en la convocatoria, según la resolución.

«¡Elecciones ya!», gritaron un centenar de estudiantes que trancaron vías alrededor del campus de la universidad, en protesta por la decisión del TSJ.

«Hoy en día el TSJ se siente con el derecho de intervenir en todo. La sala electoral se ha declarado competente para conocer de todos los casos en materia de elecciones. Suspender las elecciones estudiantiles es otro abuso más. que desconoce la autonomía universitaria», dijo a la AFP el jurista Raúl Arrieta.

Para Arrieta, «todo lo que sea electoral está vetado», mientras la popularidad del presidente Maduro -según la encuestadora Datanálisis- es rechazada por ocho de cada diez venezolanos.

La justicia, acusada por la oposición de servir al chavismo, suspendió en octubre pasado un referendo revocatorio que la oposición promovía contra el mandato de Maduro (2013-2019), y otra de sus resoluciones han alargado el proceso de comicios de gobernadores, que debieron celebrarse en diciembre pasado y aún no son convocados por el poder electoral.

«No permitiremos que nos arrebaten nuestro derecho a elegir. Si hay que tomar las calles, lo haremos», expresó Hasler Iglesias, presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCV, la más antigua del país sudamericano, fundada en 1721.

«El mismo TSJ, que a través de su figura y la de tribunales subalternos ha impedido el desarrollo de comicios nacionales y regionales, intenta hoy cerrar los canales de la democracia en nuestra UCV», advirtió un comunicado de la dirigencia estudiantil, que llama al alumnado a movilizarse «con rebeldía», pero «de manera pacífica».

De acuerdo con Arrieta, «los argumentos del tribunal son irrelevantes, porque no son argumentos jurídicos, sino políticos y de conveniencia para el gobierno».




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