Dividido, el Consejo de Seguridad de la ONU abordó hoy por primera vez la crisis en Nicaragua, con EE.UU. y sus aliados denunciando las acciones del Gobierno de Daniel Ortega y con países como Rusia acusando a Washington de injerencias.

“El Consejo de Seguridad no puede ser un observador pasivo mientras Nicaragua sigue descendiendo hacia un Estado fallido, corrupto y dictatorial, porque sabemos a donde lleva ese camino”, defendió en la sesión Nikki Haley, la embajadora estadounidense.

Según Haley, esa senda es la que han seguido países como Siria y Venezuela y ha desembocado en graves consecuencias para sus respectivas regiones, con millones de desplazados.

EE.UU., que impulsó la cita aprovechando que este mes preside el Consejo de Seguridad, insistió en comparar la situación en Nicaragua con la de Venezuela, un caso que sin mucho éxito ya trató de introducir el pasado año en la agenda del máximo órgano de decisión de la ONU.

“Daniel Ortega y Nicolás Maduro están cortados con la misma tela corrupta, los dos son estudiantes de la misma ideología fallida y los dos son dictadores que viven atemorizados de su propio pueblo”, recalcó Haley.

La representante estadounidense ante Naciones Unidas fue la más crítica con el Gobierno de Ortega, pero otros países denunciaron también la represión por parte de las autoridades y expresaron su preocupación por el alto número de víctimas registrado desde el inicio de las protestas el pasado abril.

Esa fue la postura, por ejemplo, de Francia, Holanda y otros miembros de la Unión Europea (UE), así como de Perú, uno de los dos países latinoamericanos del Consejo de Seguridad.

El embajador peruano, Gustavo Meza-Cuadra, condenó entre otras cosas “los actos de represión y violaciones de derechos humanos cometidos por la policía y los grupos paramilitares”.

Esas acciones, recordó, “incluyen ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de personas, casos de tortura y de violencia sexual en los centros de detención, así como ataques en contra del clero”.

Una mayoría del Consejo de Seguridad insistió en la necesidad de diálogo para que Nicaragua pueda superar la crisis y respaldó las gestiones de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Gonzalo Koncke, jefe de gabinete del secretario general de la OEA, intervino en la reunión y advirtió de que Nicaragua se encuentra en una “encrucijada”.

Según Koncke, el Gobierno debe apostar por mecanismos “irreversiblemente democráticos” o, de lo contrario, estaría tomando el camino de otros países de la región que han caído en gobiernos dictatoriales” y que “han llevado a sus pueblos a la miseria”.

EE.UU. también invitó a participar al académico nicaragüense Félix Maradiaga, acusado por la Policía Nacional de organizar bandas delictivas, quien denunció los “crímenes” del Gobierno de Ortega y pidió una reacción internacional.

En la calle, frente a la sede de Naciones Unidas, varias decenas de manifestantes opositores se concentraron con un mensaje similar.

El Ejecutivo nicaragüense, mientras tanto, estuvo representado por su canciller, Denis Moncada, que defendió que la reunión del Consejo de Seguridad constituye una “injerencia” y una “violación” del derecho internacional.

Moncada tuvo el respaldo de varios Estados miembros que dejaron clara su oposición a que este órgano se ocupe de la situación en Nicaragua, al considerar que es un asunto interno que no pone en peligro la paz y la seguridad internacional.

Entre ellos estuvieron Rusia y China, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo y que, como EE.UU., Francia y el Reino Unido, tienen poder de veto.

El embajador ruso, Vasili Nebenzia, defendió los esfuerzos del Gobierno nicaragüense para estabilizar la situación y denunció que el país está siendo víctima de “presiones externas” que dificultan la estabilidad.

En concreto, Nebenzia se mostró muy crítico con EE.UU., a quien acusó de provocar el descontento público con sanciones que minan la economía nicaragüense, con el fin último de lograr un cambio de Gobierno.

“Si a EE.UU. de verdad le preocupan los nicaragüenses, debería levantar sus sanciones económicas”, insistió.

Bolivia, por su parte, acusó a EE.UU. de pervertir los mecanismos de la ONU para “traer al banquillo de los acusados a un país miembro (…) y darle el derecho a uso de la palabra a personas que representan a solamente uno de los puntos de vista del conflicto”.

“El interés verdadero de Estados Unidos no es la defensa de la democracia. De ser así, no contarían con una vasta historia de intervencionismo político, de invasiones militares, de apoyo a dictadores y de financiación a golpes de Estado”, dijo el representante boliviano, Sacha Llorenti. EFE




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