Medias que se rompen al primer uso, bombillas con una vida útil de solo 1.000 horas y lavadoras que funcionan durante poco más de un lustro. La obsolescencia programada afecta a productos de múltiples sectores entre los que destacan el textil, el de los electrodomésticos y, también, el de los smartphones, que en muchas ocasiones se ralentizan y empiezan a dar fallos apenas un par de años después de comprarlos.

“Absolutamente todos los fabricantes de móviles la practican en estos momentos. Cuando el móvil se ralentiza o ciertas apps no funcionan, el usuario ya empieza a pensar que es normal”, asegura Benito Muros, presidente de la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss). Actualmente la vida útil de un teléfono, según sostiene, es de dos años. Después, es frecuente que empiece a dar problemas y Muros explica que su reparación puede costar hasta un 40% de lo que valdría comprar uno nuevo. “Si no existiera la obsolescencia programada, un teléfono móvil tendría una vida útil de 12 a 15 años”, afirma.

La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM) impuso hace dos semanas una multa de cinco millones de euros Samsung y otra de 10 millones Apple por obligar a sus clientes a realizar actualizaciones de software que ralentizaban los teléfonos móviles. Ambas compañías han sido acusadas por la autoridad de llevar a cabo “prácticas comerciales injustas” que causaron “graves disfunciones [en los dispositivos] y redujeron significativamente su funcionamiento, acelerando así su sustitución por productos más recientes”.

Estas multas suponen “un comienzo para hablar de la obsolescencia programada”, según explica Enrique Martínez Pretel, miembro del Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática de España y CEO de la empresa de peritos informáticos Evidentics. Pero esta suma “no es nada para estas empresas”: “Apple ganó 16.040 millones de euros solo en el cuarto trimestre de 2014, el año que salió el iPhone 6, que es el dispositivo por el que ha recibido la sanción”.

Falta de legislación en España
En España, el Real decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos incluye dentro de las obligaciones para los fabricantes que estos aparatos sean diseñados y producidos de forma que se prolongue lo máximo posible su vida útil. La Comisión Europea plantea que en el 2020 esta información de durabilidad sea obligatoria para los fabricantes, según explica Martínez Pretel.

Mientras que en países como Italia o Francia ya se promueven leyes para que se prohíban totalmente estas prácticas, en España no hay ninguna ley que penalice la obsolescencia programada. En 2016, el Partido Socialista proponía en su programa electoral “prohibir y penalizar de forma estricta las prácticas de obsolescencia tecnológica forzada de los productos por parte de las empresas”. La Comisión de Sanidad del Congreso aprobó por unanimidad en abril de 2017 una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que instaba al Gobierno del PP a prohibir la obsolescencia programada.

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