Consulado de Chile en Caracas. (Cortesía)
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El canciller chileno, Heraldo Muñoz, confirmó hoy que Zuleima del Valle González, uno de los 33 magistrados designados por el Parlamento para integrar el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, ingresó como huésped a la residencia del embajador en Caracas y pidió la “solidaridad” de otros países.

“Hoy ingresó a la embajada en Caracas la abogada Zuleima del Valle González y está bajo protección de Chile. Logística copada pero compromiso incólume”, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores en su cuenta de Twitter.

El canciller abogó en la red social por una “negociación política” al conflicto que se vive en Venezuela, a la vez que demandó la “solidaridad de otras embajadas amigas”.

Del Valle González, abogada designada por el Parlamento, de mayoría opositora, se suma a los otros dos magistrados venezolanos que la noche del martes llegaron a la residencia del embajador en Caracas, en “calidad de huéspedes”.

“Beatriz Ruiz Marín y José Fernando Núñez Sifontes han solicitado la protección de Chile fundada en circunstancias políticas conocidas. Nuestro país actuará en esta materia de acuerdo con los principios jurídicos y humanitarios que inspiran su política exterior”, expresó ayer la Cancillería en un comunicado.

Por otro lado, el pasado sábado la también magistrada venezolana Elenis del Valle Rodríguez se refugió en la residencia del embajador chileno, donde fue acogido en abril el dirigente nacional del partido socialcristiano de Venezuela, Copei, Roberto Enríquez.

El 21 de julio pasado, la oposición venezolana aprobó las designaciones de nuevos magistrados, semanas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, impugnara sin éxito los nombramientos de 33 jueces que ahora ocupan los sillones del Supremo por “presuntas irregularidades” en su proceso de elección.

Estos jueces en ejercicio fueron designados por el Parlamento, cuando este era de mayoría chavista, en un proceso relámpago completado en unos días, justo después de la victoria opositora en los comicios legislativos de 2015.

Tras la elección de los nuevos 33 jueces, el Supremo advirtió a los recién nombrados de que estaban incurriendo en “delitos de traición a la patria” contemplados por la justicia militar y pidió asimismo “medidas de coerción” contra todos los que participaron en los supuestos delitos.




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