El Ministerio Público (MP) anunció hoy que aplicará mano dura en el país para traer justicia en medio de la crisis, así como una purga a lo interno de este organismo que desde hace una semana cuenta con un jefe fiel a la llamada revolución bolivariana.
Tarek William Saab, nombrado como fiscal general por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) tras remover a Luisa Ortega Díaz, sostuvo que reabrirá las investigaciones hechas por su predecesora sobre la violencia en las manifestaciones, e iniciará casos nuevos, que aseguró, fueron omitidos por la gestión anterior.
Adelantó que activará investigaciones penales que no fueron abiertas en su momento oportuno en materia de daños ambientales por la tala de árboles en el contexto de las multitudinarias manifestaciones opositoras que sacudieron el país por cuatro meses y dejaron más de 120 muertos.
Se abrirán investigaciones sobre «la aberrante utilización de niños, niñas y adolescentes» en las manifestaciones opositoras, prosiguió el también exdefensor del pueblo en rueda de prensa.
Asimismo, anunció la creación de una comisión para depurar el Ministerio Público, una institución que el Gobierno había tildado de «traidora» por responsabilizarlo de la «represión» en las manifestaciones ciudadanas y señalar directamente a uniformados por una veintena de muertes ocurridas en esos escenarios.
El flamante fiscal explicó que se han nombrado sustitutos a todos los altos cargos destituidos y ya hay designados nuevos fiscales en 4 de las 24 entidades federales.
Saab aseguró haber detectado «indicios» de la existencia de una «red mafiosa de chantaje y extorsión» en la Fiscalía dedicada a «tasar en dólares» la posibilidad de imputar o no, sobreseer causas o «distribuir un expediente».
«Vamos a revisar la pertinencia, por ejemplo, de nada más y nada menos que 250 cargos directivos y de jefaturas de distintos niveles», detalló y agregó: «Los vamos a poner a la orden de los tribunales competentes, y vamos a colocar su nombre y sus apellidos para que todo el pueblo y la nación venezolana lo sepa».
Por otra parte, la nueva Fiscalía pedirá revisar la jurisdicción militar de 72 causas seguidas a civiles por delitos relacionados con las protestas.
Sobre el tema de la justicia militar, Ortega Díaz había expresado su preocupación por las personas que habían sido detenidas y procesadas bajo ese esquema pues consideró que estas debían ser remitidas a la jurisdicción penal ordinaria.
La exfiscal, que se distanció del Gobierno tras denunciar la ruptura del hilo constitucional y posteriormente acusarlo de convertirse en un «Estado policial» que cometía «terrorismo de Estado», fue procesada en el Tribunal Supremo de Justicia por magistrados que ella misma impugnó por «ilegítimos».
Su remoción la concretó la plenipotenciaria Asamblea Constituyente, un órgano integrado únicamente por oficialistas y que es señalado de fraudulento por la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional.
Pese a ello, los más de 500 representantes que la integran continuaron trabajando este viernes en una sesión en la que ratificaron en sus cargos a las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que avalaron la elección de la ANC y que han desestimado las denuncias de fraude sobre ese proceso.
El rector Luis Emilio Rondón, el único del Poder Electoral que es crítico con el Gobierno y que tachó de inconstitucional la elección de la ANC, no fue ratificado aunque se desconoce la intención de los constituyentes al omitir su nombre en el acto de este viernes.
Luego de ello, la presidenta de dicha Asamblea, Delcy Rodríguez, indicó que el pleno continuará el sábado un debate para estudiar la posibilidad de adelantar para octubre las elecciones de gobernadores, previstas para el 10 de diciembre y suspendidas en dos ocasiones.
La oposición venezolana, que no participó en la elección de la ANC el pasado 30 de julio, ya inscribió candidatos para las 23 plazas en disputa y ve posibilidades de recuperar varios de sus feudos arrebatados en 2012 por el chavismo gobernante.
No obstante, una parte de la militancia antichavista rechaza participar en esta contienda por estar organizada por el mismo CNE «fraudulento», acusado por la empresa encargada del recuento de votos en el país, Smartmatic, de inflar en «al menos un millón» el dato de participación en la última contienda.
