Entre abril y julio de 2017 se registrados protestas de la oposición contra las sentencias 155 y 156 del TSJ. Cientos de venezolanos fueron apresados y perseguidos judicialmente por participar. Foto referencial archivo Francisco Bruzco/ Crónica.Uno

La organización civil, Aula abierta, en un trabajo conjunto con otros organismos de derechos humanos universitarios venezolanos, documentó que durante las protestas del 2017, por lo menos 339 estudiantes y 17 profesores fueron detenidos arbitrariamente. Por lo son los más vulnerables a la par de la sociedad civil, ante la falta de derechos en Venezuela.

Aula Abierta estudió casos que la Fact-Finding Mission (Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela), tomó como muestra. A través del informe del 2020, se determinó que los estudiantes universitarios ocuparon el mayor porcentaje de detenciones arbitrarias con 47,8%, ejecuciones extrajudiciales con 45%, desapariciones forzadas con 25% y tratos crueles, inhumanos y degradantes con 53%.

En el 2021, también ocuparon los primeros lugares del porcentaje de detenciones arbitrarias con 13,5% y ejecuciones extrajudiciales con 50%.

La sociedad civil también es vulnerable

La Corte Penal Internacional (CPI), cuando comenzó su investigación en Venezuela, recalcó que contaban con elementos que evidenciaban crímenes de lesa humanidad desde abril de 2017. Destacan violación sexual, torturas, encarcelamiento y persecución.

En el primer informe de 2020, la Fact-Finding Mission descubrió una política de persecución que implementó el Estado en contra de las personas opositoras y sus familias desde las protestas del 2017. Las víctimas han sido encarceladas, torturadas e incluso, asesinadas.

La profesora universitaria, Andrea Santacruz, habló de la importancia de la Misión Internacional Independiente para la determinación de los crímenes. Indicó que los últimos informes han sido útiles para el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

Explicó que el artículo 2 del Estatuto de Roma, determina que entre las Naciones Unidas y la CPI, debe establecerse una relación cooperativa, ya que la información proporcionada por la Misión Internacional Independiente, mantiene su enfoque desde el derecho internacional.

La raíz del problema

El profesor universitario, Carlos Lusverti, explicó que el problema estructural de Venezuela se origina en la falta de independencia del Poder Judicial, lo que incrementa las restricciones, atentados en contra de la libertad de expresión y amenazas a las organizaciones civiles, con proyectos como la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines.

Ante la preocupación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre las restricciones, cierre del espacio cívico contra los universitarios y la sociedad civil en Venezuela, Lusverti informó que desde el 2021, el Alto Comisionado, Volker Turk, y la Misión Internacional Independiente, determinaron que una reforma judicial es lo que se necesita para restablecer las garantías independientes del poder judicial.

Con nota de prensa




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