Con pesar han tomado los comerciantes de Lara el anunció de la administración de Maduro de implementar una cuarentena de siete días de flexibilización por 14 días radicales, hasta tiempo indefinido, debido al incremento de casos por la variante brasileña del coronavirus.
Eldi Montero, presidente de la Cámara de Comercio del estado, puntualizó que de 23 mil comercios registrados en la región, sólo cuatro mil se encuentran abiertos por pertenecer al sector prioritario. El resto, unos 19 mil están en cierre técnico, no tienen músculo financiero para seguir resistiendo, o buena parte ha tenido que mudarse de establecimientos formales a sus viviendas, montar bodegas o migrar al comercio electrónico, reseñó La Prensa de Lara.
Nos hemos cansado de decirle a los representantes del gobierno que imponer una cuarentena radical por tanto tiempo es decretar la quiebra del sector, sólo están sobreviviendo y generando impuestos al municipio y al fisco nacional los establecimientos que expenden alimentos y medicamentos, de resto se mantienen en cierre total o parcial, expresó.
Alegó que los empresarios están dispuestos a que alcaldías y la gobernación los supervise constantemente para ver si están cumpliendo las medidas de bioseguridad y así prevenir el coronavirus, pero sugieren que todos los sectores laboren por igual de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde, alertando que de lo contrario la ola de desempleo será superior.
Lo que se evidencia en la avenida 20 es que hay un montón de comercios que laboran a puerta cerrada, porque tienen prohibido funcionar en las semanas de radicalización, vemos con preocupación que esos negocios están siendo empujados a la informalidad, porque los que logran vender algo les dicen a sus clientes que no les pueden facturar por el temor de que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) o el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria de la Alcaldía de Iribarren (SEMAT) los multen, comentó.
Giorgio Reni, presidente de Fedecámaras Lara, enfatizó que con esta medida del gobierno se está perjudicando también a la sociedad.
El sector productivo del país funciona como una cadena de engranaje, esas empresas de alimentos, medicamentos o servicios requieren de proveedores que hoy no están siendo tomados en cuenta como prioritarios para funcionar. Creemos que ante el incremento de casos con COVID-19 en el país se debe agilizar el proceso de vacunación, indicó.
El pasado jueves 25 de marzo, Fedecámaras nacional presentó un plan de vacunación en las mesas de diálogo con el gobierno venezolano luego de sostener varias reuniones con la Academia Nacional de Medicina y haber contactado a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y a Unicef.
El proyecto tiene el objetivo de vacunar a tres millones de personas entre trabajadores y sus familias que laboran en el sector privado de manera gratuita en un periodo de cuatro meses. Los empresarios están dispuestos a financiar este plan de vacunación y a buscar algunos créditos a organismos multilaterales, pero requieren de la autorización del Estado venezolano para que los laboratorios internacionales vendan las vacunas al país.
Son vacunas que no la pueden comprar directamente las empresas privadas, los tratados internacionales dejan muy claro que no pueden comercializarse y para su adquisición se requiere de la autorización del gobierno que no ha emitido ningún pronunciamiento al respecto, precisó Reni.
Medida impide planificar obras
Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción en Lara, sostiene que nuevo esquema de cuarentena siete más 14 desmotiva a los pocos empresarios que están invirtiendo en el país.
Nadie puede planificar así, el gobierno tiene que entender que está creciendo la pandemia por las erradas políticas sanitarias, pero también va en aumento la muerte de empresas. Hay que encontrar una manera de que la gente acate las medidas de prevención pero que el sector privado pueda laborar en un horario mínimo de ocho horas diarias, comentó.
El sector construcción se encuentra paralizado en un 95% desde 2020, el 5% que está activo debe acatar la cuarentena. Se están dedicando a las remodelaciones y a realizar pequeñas construcciones de obras, hoy está en suspenso por las decisiones del gobierno de mantener la economía del país semiparalizada, resaltó.
Con información de La Prensa de Lara.
