Directivos regionales del partido Unidad Política Popular 89, Miguel Pineda y Yerarbelth Jiménez se mostraron contrario a la decisión del gobierno de levantarse de la mesa de diálogos que se estableció con la oposición a instancias de Noruega. También cuestionaron el bloqueo que impuso Estados Unidos, por considerar que va a afectar a toda la población.
En visita a El Carabobeño los políticos expresaron que el gobierno ante el bloqueo económico impuesto por la administración de Donald Trump, pareciera encontrarse en un callejón sin salida, que lo lleva a profundizar el carácter hiperinflacionario-especulativo de su economía.
Estiman que el gobierno se encuentra de manos atada ante un proceso anárquico de dolarización a nivel de insumos y precios de los productos de la dieta diaria, en casi su totalidad, como consecuencia de la parálisis del aparato productivo, en contraposición con un salario de subsistencia que mantienen a la población a punto de una verdadera crisis humanitaria.
Subrayan además que el gobierno en su desespero insiste en mantener el fracasado modelo macroeconómico, que hoy se traduce en la entrega de recursos estratégicos como garantía de pago de una deuda externa gigantesca y , sin capacidad de repotenciar su aparato productivo en ruinas
Apuntan que la posición geopolítica política a nivel internacional se complica y al ”Bloqueo Trumpniano” se le suma la falta de dinero fresco ante la negativa de Rusia ,China entre otros en seguir financiando a un gobierno sin ningún tipo de control de gestión,creándole grandes dificultades para cubrir la demanda interna de bienes y servicios ,y mantener a una población que día a día merma su capacidad nutricional, colocándola a las puertas de una verdadera crisis humanitaria.
A eso se debe añadir una diaspora generalizada hacia otros países, generando problemas en la subregión más allá de la xenofobia de algunos sectores sin conciencia histórica, la diaspora de venezolanos calificados impide al gobierno atender la emergencia en todos los ámbitos.
UPP 89 considera que el gobierno y oposición, ante el bestial bloqueo económico tienen la oportunidad histórica de acordar un agenda económica y política para salir de la crisis que afecta al pueblo venezolano.
Obseva que ambos sectores en pugna deben insistir en la negociación de Barbados que genera un clima de confianza más allá de la confrontación e ir a un nuevo proceso electoral y/o transición que detenga las sanciones internacionales y permita que el gobierno que resulte por la votación popular reciba el apoyo de todos los sectores y participación en un nuevo gobierno de transición.
Una agenda económica y política acordada por los sectores, en que genere confianza y conduzca a atraer inversiones extranjeras vinculadas directamente al hecho productivo y no especulativo,detener la explotación irracional del Arco Minero, generar una matriz de agregados económicos basados en la agricultura, la pequeña, mediana industria, dando cabida a las economías regionales y locales.
Sugieren además que se debe generar una política de repatriación de los capitales de venezolanos en el exterior, incentivar al sector privado exportador no petrolero, promoción real del turismo internacional, reactivando las regiones turísticas por excelencia. Desbloquear el sistema educativo y el retorno de los nacionales en el exterior. Colocar las Embajadas y Consulados en función de la reactivación de la economía y regreso del capital humano nacional e inmigración de recursos humanos de todo el mundo.
«Lo señalado es factible si el binomio gobierno –oposición, y el resto del país acuerdan una agenda económica- política para la gobernabilidad».
Piensa que en la agenda, el Gobierno y la Asamblea Nacional deben reestructurar el Consejo Nacional Electoral para que en los próximos 180 días o el primer trimestre del 2020 se convoque a elecciones,que permita ir hacia una nueva legitimación del poder político en el País
Consideran además que de no generarse un gran acuerdo social para salvar a Venezuela de una eminente crisis humanitaria que obligue a las grandes potencias a actuar en consecuencia, le corresponde a la oposición democrática, fuerzas sociales emergentes del chavismo y las Fuerzas Armadas integrar un Consejo Cívico Militar que garantice la gobernabilidad para salir de la crisis multidimensional en la que se encuentra sumergida la sociedad venezolana.
«De no llegarse a un acuerdo consensuado, las Fuerzas Armadas deben ser garantes de la paz de la República y actuar en consecuencia. De no ser así, es indudable que las puertas estarían abiertas para una intervención multinacional en conjugación con una cruenta guerra civil.Nuestro llamado desde la UPP89, es a dirimir nuestros problemas internos sin intervención foránea de ningún tipo, por lo que ratificamos que el diálogo debe ser la única vía pacífica para construir esa gran unidad social hacia una democracia y paz duradera».
