Uruguay bloqueó este viernes en la Cumbre del Mercosur la rebaja de los aranceles externos del grupo y reiteró su demanda de mayor «libertad» para avanzar por su propia cuenta hacia acuerdos comerciales, como el que negocia con China.
La rebaja del 10% del Arancel Externo Común (AEC) ya estaba virtualmente consensuada pero, a pesar de que la apoya, Uruguay les planteó a Argentina, Brasil y Paraguay que sólo la acepta si además se altera la cláusula que impide a los miembros del bloque negociar acuerdos comerciales con otros países o bloques en forma individual.
La posición del Gobierno de Luis Lacalle Pou llevó a Argentina, Uruguay y Paraguay a divulgar al final de la cumbre telemática un inusual documento tripartito, que no fue firmado por Uruguay, en el que se vuelca un «compromiso» con la revisión arancelaria.
El documento dice que Argentina, Brasil y Paraguay «destacan su compromiso» con la revisión del AEC «como instrumento primordial para el fortalecimiento» del Mercosur. Sin embargo, en un guiño a Uruguay, también subraya que los tres países se han comprometido «a lograr un acuerdo cuatripartito en beneficio de la productividad y competitividad de las economías de los Estados Partes» durante la próxima reunión presidencial semestral, que desde este viernes está en manos de Paraguay.
Decepción tripartita frente a la firmeza uruguaya
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, expresó su decepción por la falta de acuerdo en torno a los aranceles, que en su opinión es una medida que «beneficiará a todos» los «sectores productivos» del bloque.
Mientras que el mandatario argentino, Alberto Fernández, se manifestó en el mismo sentido e instó a no «dejar pasar el tiempo, porque la oportunidad de hacer una revisión exitosa» de los aranceles «no debería desperdiciarse». Y también le envió un mensaje cifrado a las intenciones uruguayas de negociar acuerdos comerciales en forma individual y en contra de las actuales normas del Mercosur, como ya de hecho hace el Gobierno de Lacalle Pou con China.
Fernández, al intervenir desde Buenos Aires, pidió «no emprender aventuras en soledad» dentro del bloque y, en vez de eso, darle una solidez mayor de la integración regional.
Por su parte, el gobernante paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien en esta cumbre recibió de manos de Brasil la presidencia semestral del Mercosur, fue menos directo y se comprometió a dar prioridad a la discusión arancelaria, pero subrayó que «el mejor camino para defender los intereses es trabajar de forma conjunta y coordinada».
La sincera insatisfacción uruguaya
Lacalle Pou, por su parte, reiteró que la realidad del Mercosur no deja a Uruguay con «todos sus intereses satisfechos» y dijo que, entre las mejores cosas que ocurrieron en el bloque en el último semestre está el «sinceramiento» de las posiciones. Lamentó que «no haya habido entendimientos totales» en esta cumbre, pero enfatizó que algunos desacuerdos generan «ciertas tensiones» en los «intereses nacionales», con los que el Mercosur también debería estar afinado.
Lacalle Pou, convertido en la voz díscola del Mercosur, pidió buscar un «punto intermedio» para que «todos se sientan satisfechos» con un bloque nacido hace 30 años y en el que Uruguay mantiene su apuesta. «Tenemos vocación de pertenecer al Mercosur», aunque «quizás con un futuro próximo un poco distinto», declaró desde Montevideo.
Pandemia y medioambiente, en los documentos
Más allá de esas discordias, en la cumbre, que duró apenas 1 hora y 45 minutos, se aprobaron declaraciones conjuntas sobre la pandemia del coronavirus y cuestiones medioambientales, entre otras. Sobre la crisis sanitaria, se reconoció que la vacunación es una «parte imprescindible del camino para la recuperación económica» y «la normalización de la actividad humana en todos sus ámbitos», pero también se apuntó que «la vacuna aplicada a una persona no debe ser obstáculo para su movilidad e ingreso en otros países».
En el apartado medioambiental, que mantiene trabado el proceso de ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), se reafirmó el respaldo a la «plena implementación» del Acuerdo de París sobre cambio climático, pero también se pidió tener en cuenta las distintas «realidades nacionales».
