La justicia venezolana procesará a los parlamentarios opositores Julio Borges y Juan Requesens, a quienes el presidente Nicolás Maduro acusa de haber intentado asesinarlo con drones cargados de explosivos, anunció la máxima corte.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la inmediata detención de Borges bajo el cargo de «homicidio intencional calificado en grado de frustración en contra» de Maduro, señaló un comunicado de la corte.
Borges se encuentra exiliado desde febrero pasado y la víspera asistió en Bogotá a la posesión del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, mientras que Requesens fue detenido la noche del martes.
El TSJ declaró procedente el enjuiciamiento de Requesens, a quien Maduro vinculó con los confusos hechos ocurridos el pasado sábado durante una parada militar en Caracas.
Como parte del proceso judicial, la todopoderosa Asamblea Constituyente de Maduro decidía este miércoles levantar la inmunidad a los dos legisladores.
Borges y Requesens son copartidarios en Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles.
«Sin orden judicial llegaron a la residencia y se lo llevaron a la fuerza», relató a periodistas Guillermo Requesens, padre del diputado de 29 años.
Al informar este miércoles a la prensa sobre la investigación, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo que tres de los siete detenidos fueron presentados ante un juez.
Borges condenó este miércoles «el secuestro» de Requesens.
«Nos han acusado de todo (…) porque hemos logrado promover las sanciones (contra el gobierno) y hemos logrado el cerco internacional de Nicolás Maduro. Maduro, nosotros lo queremos ver fuera del poder», dijo a periodistas en Bogotá.
Maduro asegura que detrás de los hechos está el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien al igual que gran parte de la comunidad internacional desconoció por «ilegítima» su reelección el pasado 20 de mayo.
– «Arrechera» por la crisis –
En noviembre pasado, la Constituyente despojó de su inmunidad al legislador Freddy Guevara, refugiado en la embajada de Chile en Caracas, acusándolo de supuestos delitos durante protestas contra Maduro que dejaron unos 125 muertos en 2017.
El Legislativo, único poder que controla la oposición, anunció que desconocerá el levantamiento de la inmunidad, alegando que es competencia exclusiva de esa institución.
«Desconocemos cualquier acto por parte de la ilegítima e inconstitucional Asamblea Constituyente que pretenda usurpar las funciones de esta Asamblea», señaló un comunicado.
Borges, abogado de 48 años, es una de las principales figuras de la oposición, al frente de la cual estuvo en las negociaciones con el gobierno que fracasaron a inicios de este año en República Dominicana.
Maduro, confrontado a un gran rechazo popular por la crisis socioeconómica, lo acusa de promover una intervención extranjera, encabezada por Estados Unidos y Colombia.
Requesens, en tanto, es un exaltado exdirigente estudiantil que tuvo un papel protagónico en las manifestaciones de 2017. El mandatario socialista lo llama «sicópata».
«Pueden desaparecer, matar o encarcelar a cualquiera de los dirigentes políticos, pero no hay rincón de Venezuela donde no se sienta la arrechera (enfado) con la crisis», dijo el martes en un encendido discurso.
Por tanto, «no nos queda otra que seguir estirando esta cuerda hasta que se rompa», añadió.
La oposición denuncia que en Venezuela hay 248 «presos políticos», entre ellos Leopoldo López, quien purga en detención domiciliaria una condena de casi 14 años de cárcel acusado de incitar a la violencia durante protestas que dejaron 43 muertos en 2014.
– Extradición –
Borges y Requesens fueron mencionados por un militar retirado, Juan Carlos Monasterios, uno de los capturados por el ataque, según un video difundido por Maduro el martes con el testimonio de este sargento ante la Fiscalía.
Monasterios aparece con el rostro difuminado asegurando que Requesens, «por intermedio de Julio Borges», gestionó su paso entre Venezuela y Colombia para el entrenamiento de los responsables.
El sábado, según la versión oficial, un dron estalló frente a la tarima en la que Maduro encabezaba el acto militar y un segundo artefacto explotó tras chocar con un edificio de viviendas.
El fiscal confirmó este miércoles que en total hay 19 personas «directamente relacionadas» con el «magnicidio frustrado».
En particular mencionó a dos supuestos financistas radicados en Colombia -Rayder Ruso Márquez y el coronel retirado Oswaldo Valentín García- y un tercero que vive en Estados Unidos, Osman Delgado Tabosky.
«Los fiscales están trabajando en las solicitudes de asistencia mutua en materia legal y penal dirigida a Estados Unidos y Colombia», indicó Saab sobre una eventual extradición.
El gobierno sostiene que los autores materiales fueron adiestrados en una hacienda de Chinácota, Colombia, y que recibirían 50 millones de dólares de pago.
