Era la noche del miércoles 19 de abril en la urbanización Villa Alianza del municipio Guacara. El ambiente estaba en total normalidad hasta que llegó una brigada motorizada de la policía municipal. Ante la sospecha de disturbios y protestas en la zona, funcionarios se presentaron en el sitio y de manera violenta, tumbaron la puerta blanca de una humilde vivienda color violeta, para sacar a quienes se encontraron en su camino, sin ningún alegato. A la fuerza, bajo gritos, golpes y amenazas los uniformados lograron llevarse a cuatro personas: tres mujeres y un hombre.
Luis Gámez de aproximadamente 60 años, iba camino a una bodega cercana para comprarse dos huevos y no sabía que en ese trayecto sería capturado y tratado como un delincuente por los agentes de seguridad. El hombre intentó aclarar que se trataba de un malentendido, pero eso no calmó la furia de los funcionarios que le provocaron graves lesiones.
Gámez presenta problemas al orinar pues lo hace con sangre, debido al maltrato al que fue sometido. Acciones similares las vivieron 12 personas de la urbanización.
Los afectados acudieron a una audiencia en el Tribunal Primero de Control de Carabobo con el juez Miguel Ángel Ruiz Pantaleón, informó la defensora activa del Foro Penal Venezolano (FPV), Jalexi Sandoval. Las víctimas denunciaron que los agentes de seguridad les causaron moretones en varias partes del cuerpo, heridas en la cabeza, vejámenes, entre otros daños. Aseguraron que ninguno de ellos participaba en una jornada política.
Ante el juez Ruiz Pantaleón, Gámez reiteró que sus lesiones fueron provocadas por los funcionarios. Tras escuchar la denuncia, el juez ordenó a la Fiscalía Superior realizarle una medicatura forensey que fuese llevado a un centro asistencial.
Según Sandoval, Gámez no ha sido trasladado a una institución médica porque, a disposición del Ministerio de Interior, Justicia y Paz no puede ser llevado nuevamente a la Policía Municipal de Guacara porque si presuntamente los funcionarios le propinaron una golpiza, es un riesgo regresarlo al calabozo de la policía después de denunciarlos».
Se conoció que las tres mujeres y Gámez quedarán recluidos en la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Mariara hasta este lunes, cuando se haga efectiva una fianza. Jalexi Sandoval se opuso a esto porque las personas son de bajos recursos.
Agregó que les imputaron tres delitos «gravísimos» porque a su juicio, no existe ningún elemento de convicción en las causas que determinen que realmente esos hechos se hayan cometido y hayan sido ejecutados por los policías, aunque esta razón ya la conoció el Ministerio Público y el tribunal.
Se espera que este 24 de abril se formule la fianza, y se presenten a los fiadores ya que de esta manera se haría efectiva la libertad de estos vecinos de Villa Alianza. En el caso de Gámez, se solicitó la eliminación de su fianza y se pidió la interposición de una caución juratoria para que logre su correcta recuperación porque, según la representante del Foro Penal, es engorroso que los funcionarios del cuerpo policial trasladen a los ciudadanos a los centros médicos pues hay casos en que no tienen cómo llevarlos».
El FPV publicó este domingo que 777 personas permanecen detenidas por participar en las protestas antigubernamentales desarrolladas entre el 4 y el 22 de abril.
Según los datos de la ONG, en ese período se han producido mil 365 arrestos.
