Miriam de Rengifo fue juiciosa a buscar una bolsa de comida que vende el gobierno de Venezuela a precio baratísimo. Es chavista y aplaude este programa, pero admite que no le alcanza para subsistir.
El paquete trae atún enlatado, arroz, pasta, frijoles, harina, aceite, leche, azúcar…, pero le llega cada mes y medio. Miriam tiene que hacer malabares para comprar el resto de alimentos, medicinas y productos de higiene.
Pero el presidente Nicolás Maduro prometió a los venezolanos que la Asamblea Constituyente, que rige el país desde hace dos semanas con poderes absolutos, resolverá la situación.
«Orden es lo que necesitamos», dice a la AFP esta chavista jubilada de 69 años.
En pleno discurso en un mitin contra la amenaza del presidente estadounidense Donald Trump de usar la «opción militar» en Venezuela, Maduro fue interrumpido.
«¡Que bajen los precios!», le gritaron asistentes. «¡Vamos a lograrlo!», les salió al paso el mandatario. «Que la Constituyente pare la oreja, esta es la prioridad, eso sí, que nadie se desespere».
La Constituyente, electa entre denuncias de fraude y rechazo internacional, tiene entre sus tareas concebir un sistema económico «post-petrolero».
Venezuela vive una grave crisis económica por la caída de los precios del petróleo, fuente de 96% de sus divisas, por lo que el gobierno -que desde 2003 monopoliza los dólares con un férreo control de cambios- redujo sus importaciones y las asignaciones al sector privado.
La escasez de alimentos, medicamentos y otros bienes básicos es crónica. Para peores, muchos empresarios deben importar materias primas y productos terminados con dólares del volátil mercado negro, lo que dispara la inflación, proyectada por el FMI en 720% para este año.
Déjà-vu
Esa inestabilidad genera especulación. La bolsa subsidiada, llamada CLAP, le costó a Miriam 10.000 bolívares (unos cuatro dólares a tasa oficial), mientras un kilo de arroz en un abasto en el acomodado barrio caraqueño de Chacao puede llegar a 15.000.
El costo de la vida y el desabastecimiento, más que la inseguridad y la crisis política, son el dolor de cabeza de los venezolanos.
Gladys Villegas trabaja en la entrega del CLAP en el popular barrio de El Valle en Caracas y dice que se prepara para «librar la gran batalla de rebajar los precios» con la Constituyente.
«Se va a implementar una ley para que todo el que especule vaya a la cárcel», adelantó Villegas, aunque hasta ahora la todopoderosa instancia no ha anunciado las medidas que tomará en esta materia.
El economista Asdrúbal Oliveros estima que efectivamente «volverá el control de precios», que se había relajado disminuyendo algo la escasez. «Será un déjà-vu de lo que ya vivimos pero peor».
Opositores temen que con la Constituyente se concrete un estado comunal que acabe con la propiedad privada, lo que ha sido negado por Maduro.
Francisco Cabezas, un guardia de seguridad de 46 años, coincide. Recibe el CLAP pero lleva dos horas en una fila para ver qué consigue en un supermercado y sostiene que los controles traerán un resurgimiento del mercado negro. «Y el sueldo mínimo no alcanza».
El autónomo Centro de Documentación y Análisis Social ubicó la canasta básica de alimentos en 1,4 millones de bolívares (USD 470), casi seis veces más que el ingreso mínimo integral (salario básico más bonos).
«Es muy poquito»
La AFP visitó la entrega del CLAP de Gladys, que llega a 96 familias. La gente va temprano con sus carritos, entregan la identificación y esperan a recibir su bolsa.
Algunos no quieren hablar, por temor a no recibir más el beneficio, otros para no ser juzgados por los colegas del trabajo. Pero todos coinciden en que es una ayuda y piden que se distribuya cada 15 días.
Maduro pidió que el CLAP y el resto de los programas sociales impulsados desde el gobierno de su antecesor y padre político, Hugo Chávez, entren en el articulado de la nueva Constitución.
El programa espera beneficiar a seis millones de familias, prácticamente a toda la población, según dijo su jefe Freddy Bernal en enero. Oliveros maneja cifras de que llega solo a 30% de la población.
Miriam está feliz. En esta entrega había pan, también escaso. Ahora se va a patear la calle, tiene quince días sin tomar la pastilla para la tiroides.
«Me dicen que frente a Miraflores (palacio presidencial) hay una farmacia, para allá voy».
