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El desafuero cometido en contra de la Constitución Nacional por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para consolidar a Nicolás Maduro en el Poder Ejecutivo y aniquilar de un zarpazo antijurídico a la Asamblea Nacional, conforma un golpe de Estado a la institucionalidad del país y coloca a Venezuela en un abismo jurídico del cual solo podrá salir si los jueces del alto tribunal de la República rectifican esa medida y le regresan al parlamento nacional sus competencias, así como a sus diputados electos popularmente, la inmunidad parlamentaria, consagrada en la Carta Magna.

Inmunidad que no puede abrogarse por otro poder constituido, como el Judicial, por cuanto sus miembros no tienen la legitimidad popular que posee la Asamblea Nacional, porque sus integrantes son escogidos a través del dedo y no del sufragio popular, como son seleccionados los parlamentarios venezolanos. El Tribunal Supremo de Justicia abandonó su  autonomía y extralimitó sus funciones cuando su Sala Constitucional se delega abruptamente las competencias arrancadas a la Asamblea Nacional, con la justificación de que el parlamento se encuentra en desacato y todo acto realizado por esta instancia será nulo. Es decir, que siete magistrados pro chavistas elegidos, en un rápido y oscuro proceso, por la anterior Asamblea Nacional, dirigida por Diosdado Cabello e integrada por parlamentarios pesuvistas y partidos del Polo Patriótico, le quitan ilegalmente las competencias y la inmunidad parlamentaria a 112 diputados de la oposición que actualmente conforman el parlamento venezolano, por el simple hecho de ser contrarios a su ideología política y no estar de acuerdo con la forma arbitraria y dictatorial de como el sector oficialista dirige a esta República.

Sentencias números 155 y 156 del 27 y 29 de marzo de 2017, respectivamente, dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que burlan la voluntad de 7 millones 500 mil electores que votaron a favor de los diputados opositores, por cuanto son decisiones a través de las cuales el TSJ se apropia del ejercicio de las competencias de la Asamblea Nacional, mientras  despoja a sus diputados de la inmunidad parlamentaria de la cual gozan constitucionalmente y le autoriza al presidente de la República gobernar a la nación por decreto, mediante un régimen de excepción y, si fuese necesario, a través de la justicia militar, sin importar que el procesado sea civil. Una aberración jurista a favor de la permanencia de un gobernante que es totalmente sordo frente a las demandas políticas, económicas y sociales  de la población y completamente ciego, ante la barbarie producida por sus nefasto populismo y demagogia, practicado al estilo castro comunismo, en pro de la instauración y consolidación del Socialismo del Siglo XXI, aunque sea a costillas del sufrimiento y la angustia de la población, porque por primera vez en la historia republicana del país se les priva de medicinas y comida, al tiempo que se les impide protestar pacíficamente, porque quien se atreve a alzarse contra este  cumulo de ineficacia y corrupción gubernamental es reprimido brutalmente por funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad del Estado, los cuales, aunque padecen y sufren las mismas calamidades que el resto de la población actúan cuan salvajes y criminales contra sus coterráneos, porque reciben órdenes superiores y si no la cumplen son castigados severamente por quienes son dirigidos.

Sentencias que llevaron a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, a declarar que se había “roto el hilo constitucional en Venezuela”, por cuanto aniquilan a la Asamblea Nacional como poder autónomo y permiten cometer arbitrariedades contra diputados que tienen fuero constitucional, como el hecho de  tildarlos como traidores a la patria por el simple hecho de haber solicitado al secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, la activación de Carta Democrática Interamericana para frenar los atropellos y actuaciones ilegales del gobierno de Nicolás Maduro, pese a que existe el precedente de que funcionarios de la gestión de Hugo Chávez solicitaron su aplicación por primera vez, en virtud del golpe de Estado de 2002, cuando Carmona eliminó de un plumazo todos los poderes constituidos. E hicieron ese pedimento, porque el presidente Chávez y sus ministros creían en la Carta Democrática Interamericana como instrumento jurídico para  frenar cualquier acto contrario a su gobierno.

Por eso, suscribió su creación y votó para su aprobación. No obstante, hoy cuando se pide aplicarse para detener las ilegalidades cometidas en la administración de su sucesor, es repudiada y vista como un mecanismo de intromisión en la política interna del país, porque los dictadores no permiten corrección, pero se creen con derecho a hacer y deshacer, porque consideran que no hay ley que pueda atajar su proceder arbitrario, por cuanto si lo prohíbe, ellos las cambian a su favor para seguir latigando y enajenando las libertades propias de un verdadero sistema democrático, porque los dictadores no son demócratas sino autócratas y represivos. Bajo esa visión, las bombas lacrimógenas, los perdigones, el gas pimienta y el gas rosado, así como la opresión, la detención y la cárcel seguirán siendo las respuestas del gobierno de Nicolás Maduro y de cualquier otro gobernante con ideología castrochavista que mande en el país a las demandas de los venezolanos. No tienen otra formación. Solo conocen la violencia y la opresión, como mecanismos para callar a sus disidentes y “enemigos” políticos, como calificaba Hugo Chávez Frías a sus detractores.

Luisa Ortega Díaz habló del rompimiento del hilo constitucional, pero luego se encerró y no ha dado la cara para solicitarle  a los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se retracten de su proceder inconstitucional ni para respaldar a millones de venezolanos que esperan el restablecimiento del Estado de Derecho y la restitución de la Asamblea Nacional  como poder autónomo. Su silencio actual no descarta que sus afirmaciones fueron una tramoya para aliviar la tensión internacional y  hacer creer  que en Venezuela si hay separación de poderes y dejar mal parado al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien considera necesario la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para restituir el orden constitucional y el Estado de Derecho en esta nación, donde 30 mil habitantes viven en una angustia colectiva, frente a las consecuencias política, económicas y sociales que arroja cada política pública desacertada aplicada por el gobierno para arrancar la economía, llenar de comida los anaqueles de los supermercados , entregar las bolsas y cajas del CLAP, frenar la delincuencia y el hampa, producir panes, hortalizas, tubérculos, frutas y legumbres. Todo un caos y solo ofrecen un desgobierno que veja, humilla y maltrata al venezolano. Maduro proclama la paz, pero envía la policía y militares con sus tanquetas y gases venenosos para silenciar la protesta en contra de su gestión empobrecedora y  ruin.




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