(Cortesía)
Venezuela afirmó que las sanciones financieras impuestas el viernes por Canadá a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro reflejan su «aberrante subordinación» al presidente estadounidense, Donald Trump, para «derrocar» al mandatario venezolano.

«El gobierno de Canadá estableció (…) una aberrante subordinación al gobierno del presidente Donald Trump con el fin explícito de derrocar al gobierno constitucional de Venezuela, usando como arma política sanciones económicas», señala un comunicado de la Cancillería divulgado la noche del viernes.

Caracas opinó además que las sanciones constituyente un boicot a las conversaciones entre el gobierno y la oposición para intentar sentar las bases de un diálogo.

«Son medidas sancionatorias destinadas a minar los esfuerzos para entablar, con el apoyo y acompañamiento de miembros de la comunidad internacional, el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana», indica el texto.

La Cancillería acusó a Canadá de promover «la violencia de grupos extremistas», como califica el gobierno a los opositores que entre abril y julio protestaron para exigir la salida de Maduro del poder. Esas manifestaciones, reflejo de la crisis política venezolana, dejaron unos 125 muertos.

El gobierno canadiense sancionó a Maduro y otras 39 personas «responsables del deterioro de la democracia» en Venezuela, entre ellas el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopez, la presidente del poder electoral, Tibisay Lucena, y el presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno.

Estas sanciones «apuntan a mantener la presión sobre el gobierno de Venezuela para que restablezca el orden constitucional y respete los derechos democráticos de su pueblo», señala el gobierno federal en un comunicado.

Trump lideró las críticas contra el gobierno de Maduro en la Asamblea General de la ONU, calificándolo de dictadura socialista «inaceptable». Maduro, por su parte, ha acusado al magnate de los bienes raíces de ordenar asesinarlo.

La Casa Blanca ha sancionado a varios funcionarios chavistas y el 25 de agosto prohibió «transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal», PDVSA.

El gobierno y la oposición sostuvieron en República Dominicana el 13 y 14 de septiembre conversaciones para sentar las bases de un eventual diálogo que ponga fin a la crisis política. Las reuniones contaron con el auspicio del presidente dominicano, Danilo Medina.




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