Desde hace 16 años se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, con el objetivo de reconocer que cada nación tiene un derecho fundamental y democrático a la información. Pero en Venezuela sus ciudadanos aún anhelan poder también conmemorarlo.
Un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela en materia de información pública es el tema de crisis económica profunda que atraviesa el país. Desde hace varios años la sociedad en su conjunto ha reclamado la publicación de cifras oficiales que generan esta situación tanto en materia económica, salud, educación, alimentación entre otras. La migración se ha sumado a larga lista de datos que demanda la sociedad. Pero la información permanece oculta.
El Instituto Prensa y Sociedad en trabajo publicado en diciembre de 2017, en su página web, señala que de acuerdo a los análisis del Fondo Monetario Internacional, organismo estimó una caída del Producto Interno Bruto (PIB) y una recesión económica, así como una inflación que podría escalar a 1400% según cálculos de la firma Ecoanalítica.
Este escenario se desarrolla en un marco de opacidad y oscurantismo de los indicadores macroeconómicos. Los estándares internacionales de Mercosur, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos coinciden en que la difusión de las estadísticas oficiales son necesarias para la salud de las economías nacionales. Estos organismos consideran que los Estados deben permitir el acceso y difusión de los datos estadísticos oficiales y las naciones están en la obligación de rendir cuenta a nivel económico, reseñó el trabajo del IPYS.
El economista venezolano José Manuel Puente declaró a IPYS Venezuela que de acuerdo al Open Budget Index (OBI), uno de los índices mundiales de transparencia presupuestaria, Venezuela se encuentra en el grupo de países más opacos del mundo. La gestión fiscal y macroeconómica se ha hecho cada más oscura porque no se genera información pública, que permita a los agentes económicos oficiales tener premisas a las que apegarse, señaló Puente.
De acuerdo al artículo 16 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una prioridad garantizar el acceso a la información pública y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales”. También se destaca la necesidad de que los Estados aprovechen “las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de desarrollo sostenible” y “apoyar el fomento de la capacidad estadística en los países en desarrollo”.
Estos principios se han desconocido en Venezuela. Un ejemplo de ello, ocurrió el viernes 3 de noviembre del 2017, cuando el Fondo Monetario Internacional afirmó que el gobierno venezolano incumplió las normas de entrega de información de los datos económicos para permitir el control de su evolución macroeconómica en el organismo multilateral. La declaración fue hecha pública un día después de que el gobierno anunciara su intención de reestructurar la deuda externa.
La declaración del FMI fue publicada un día después de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara la creación de una comisión presidencial para reestructurar y refinanciar la deuda externa venezolana, después de pagar el tramo de deuda de 1.121 millones de dólares que tenía previsto Pdvsa, principal empresa petrolera del Estado, por los bonos 2017.
El FMI espera que esta decisión exhorte a las autoridades venezolanas a volver a comprometerse con el Fondo mediante la provisión de datos de manera oportuna y regular.
DÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Este día se celebra desde el año 2002, cuando activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias en pos de la defensa y difusión del derecho de acceso a la información pública.
El derecho a saber es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que permite acceder al pleno ejercicio de otros derechos tales como la justicia, la salud, la igualdad, educación y vivienda.
Para el presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información de Venezuela (CNTI), Jhon Monrroy “El Acceso a la Información constituye una herramienta indispensable para la participación ciudadana en un sistema democrático. Tiene el indiscutible efecto de fortalecer la rendición de cuentas y la confianza en los órganos y entes del Estado”.
“Además fomenta una mayor eficiencia en el manejo de fondos públicos e incrementa la transparencia de la gestión del Estado y, por ende, coadyuva en la lucha contra la corrupción, ya que implementa el control social en todos los actos del Poder Público”, señaló Monrroy.
LA COMUNICACIÓN PUBLICA EN VENEZUELA
En los países como Venezuela donde la ciudadanía sueña con la transparencia de los procesos públicos y privados se aspira no sólo celebrarlo este día, sino, que sea prueba de materia legislativa al respecto.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el acceso a los archivos y registros públicos en los artículos 28, 51 y 143, asimismo, la Ley de Infogobierno en sus artículos 13, 39, 74, 75, 76, 77, 78 y 79, que promueven el uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público y el Poder Popular, con el fin de garantizar el acceso de las personas a la información pública, facilitando al máximo la publicidad de sus actuaciones como requisito esencial del Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia. Toda esta legislación se ha convertido en letra muerta.
Con información del IPYS
