La ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este miércoles a dos países miembros fundadores del Mercado Común del Sur (Mercosur), por supuestamente haber lanzado «amenazas inadmisibles» contra el país caribeño que defiende su posición como presidente temporal del bloque económico.
A través de su cuenta en la red social Twitter la canciller venezolana rechazó «las antijurídicas y arbitrarias» declaraciones de Eladio Loizaga y de Rodolfo Nin Novoa, titulares de Exteriores de Paraguay y Uruguay, respectivamente.
Rodríguez aseguró que estos funcionarios «no tienen competencia para excluir a ningún Estado parte»
El paraguayo dijo el pasado lunes que a partir del 1 de diciembre Venezuela estará suspendida y «sin voz» en el Mercosur y que continuará en estas condiciones hasta que se adapte a los estatutos internos.
Nin Novoa, por su parte, remarcó el martes que Venezuela quedará con voz y sin voto, igual que Bolivia, de no cumplir con el acervo normativo del bloque.
Rodríguez aseguró que estos funcionarios «no tienen competencia para excluir a ningún Estado parte» y consideró que sus posiciones constituyen «una agresión» al Gobierno de Nicolás Maduro.
«Venezuela ni se va ni la expulsan de Mercosur. Jamás aceptaremos agresiones de esta naturaleza contra nuestra Patria», continuó la canciller venezolana en otro mensaje y agregó que su país se ha adaptado al marco legal del bloque en cuatro años y «con máxima eficiencia».
La titular de Exteriores tenía previsto ofrecer una conferencia de prensa para hablar sobre este tema pero a última hora suspendió el encuentro con los medios.
El pasado 13 de septiembre, los cuatro fundadores del Mercosur (Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina) acordaron que Venezuela, aceptado como miembro de pleno derecho en 2012, no podría ejercer la presidencia pro témpore pues aún no ha ratificado todos los acuerdos.
Pese a ello, el Gobierno de Maduro insiste en que ejerce plenamente el mando del bloque.
A través de una declaración conjunta, el bloque suramericano instó entonces a Venezuela a incorporar «cerca de 300 normas» para cumplir cabalmente con sus obligaciones como miembro pleno.
