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Desde que el  presidente de la República convocó el pasado primero de mayo la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, en Venezuela se acabó la tranquilidad y el sosiego, por cuanto, ese anuncio, en vez de calmar la protesta callejera, la alborotó aún más.

Cada día con mayor ahínco, la ciudadanía se atrinchera en la calle  y grita no más dictadura,  con la convicción de que esa convocación es ilegal y que Nicolás Maduro solo busca permanecer en el poder de forma fraudulenta y dictatorial, porque sabe que no cuenta con los votos de la población para ratificarse como primer mandatario en las elecciones presidenciales de 2018, cuando culmine su período. Verdad que no acepta ni asimila, razón por la cual violó una vez más la Carta Magna y se abrogó la competencia del poder originario para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, en aras de no despegarse del poder e imponer el modelo castro comunista, a través de un pequeño grupo que le secunda con la realización de ese proceso constituyentita comunal.

Su obsesión por el poder es tan grande y  tan real que hace poco amenazó alcanzar con las armas lo no logrado con los votos. Advertencia que lo deslinda por completo de los principios democráticos y  muestra su rostro autoritario y dictatorial, muy bien guardado durante años dentro de si, sobre todo cuando fue ministro de Relaciones Interiores, para hacer creer a los gobernantes y pobladores de otras naciones que era un demócrata, en aras de ganar apoyo y adeptos en el ámbito nacional e internacional para la revolución bolivariana.

Esa careta, no obstante,  se le cayó y actualmente saca a la luz su estirpe comunista y muestra su don antidemocrático al  violar la Constitución Nacional, las leyes y los  derechos humanos  de los venezolanos.

Ve en peligro su estabilidad en el poder y se apertrecha de la ilegalidad para imponerse, sin importarle  que las armas usadas ilegalmente, en manifestaciones pacíficas, por muchos militares adscritos a la Guardia Nacional Bolivariana de quien es Comandante en Jefe, así como por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y por  paramilitares amparados por los uniformados  acabaron con la vida de más de 85 personas, sobre todo la existencia de jóvenes, los cuales, al igual que la generación del 28, se enfrentan a la anarquía gubernamental y a la opresión de un dictador.

Su afán de permanecer en la cúspide del poder lo ha convertido en un peligroso gorila que usa sus garras feroces en contra de quienes le adversan y ha catalogado como terroristas para justificar su muerte a manos de los funcionarios policiales y militares, así como de los civiles armados, los cuales con impunidad y amparados por los uniformados y  altos dirigentes del gobierno,  disparan y amedrentan con granadas u otras armas explosivas o de fuego a quienes manifiestan en la calle  o a quienes tocan cacerolas en sus hogares,  en señal de su inconformidad y desacuerdo con el gobierno madurista.

Atropellos cometidos con mayor sadismo, luego de que el ministro Vladimir Padrino López exigiera a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana no cometer más atrocidades durante su intervención en las marchas, como garantes del orden público. Orden que no fue acatada, porque ahora se le suman a la violación de los derechos humanos el cruel, salvaje e inhumano accionar de los policías y los llamados colectivos armados.

Se les acusa, junto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, hasta de violar a hembras y varones que apresan, además de robarles sus pertenencias, golpearles brutalmente como si fuesen delincuentes de la peor calaña y lanzarles gases lacrimógenos, una vez lo encierran en camiones, tal y como les pasó a los estudiantes que apresaron en El Rosal. Luego de meterlos en un camión como animales, los ahogaron con gases tóxicos, pero el defensor del pueblo no se pronunció de esos actos brutales no amparados en los convenios nacionales e  internacionales sobre  los Derechos Humanos.

El terror y el horror a través de las armas desenfundadas por quienes diariamente violan el juramento de defender la constitución y no a personalidades política, es la fórmula aplicada por Maduro y su gobierno, con el apoyo de los militares no institucionalistas, contra quienes desde hace tres meses y algunos días protestan en contra de todas las desgracias que ha endorsado a los venezolanos el Socialismo del Siglo XXI o carencia de comida, medicina, empleos dignos, seguridad personal y jurídica, tranquilidad emocional, sosiego, libertad de expresión y de acción, libre empresa.

No le importa la sangre derramada ni  los cadáveres de quienes han asesinado los represores uniformados y no uniformados defensores de su pésima gestión gubernamental. Como digno imitador del modelo castro comunista, al presidente Nicolás Maduro se le hace más fácil calificar a los manifestantes de su régimen como terroristas para justificar sus asesinatos.    Escuchar las razones de esa sublevación popular en contra de su gestión de gobierno no le interesa, porque los comunistas y dictadores no oyen las necesidades y demandas de quienes les adversa,  sino que a la fuerza pretenden quedarse en el cargo al cual llegaron por votos.

Desde que Maduro removió su gabinete y colocó  en varios ministerios a sus aliados  más radicales de la izquierda ultrosa, así como a Tareck El Aissami a la cabeza de la vicepresidencia, se sabía que la democracia estaba en peligro, por cuanto los ultra izquierdistas seguidores de Lenin y Stalin no creen en elecciones libres ni en la repartición del poder.

Piensan que llegaron para quedarse en el poder, porque les pertenece, motivo por el cual se abortó el referendo revocatorio y las elecciones regionales se postergaron hasta diciembre de  2017, fecha en la cual tampoco se efectuarán,  en caso de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, por cuanto su principal objeto  es transformar el Estado y redactar una nueva Constitución Nacional que sea el soporte de ese nuevo Estado Socialista o Comunista, donde no tienen cabida  las gobernaciones ni alcaldías ni los consejos  legislativos regionales, sino las comunas, consejos comunales y otras figuras jurídicas propias de los modos de producción comunista.

Si se concretase la Asamblea Nacional Constituyente Comunal, Venezuela se transformaría en otra Cuba castrista, donde los medios de producción se encuentran en manos del Estado o de los Castro y desaparecería no solo la propiedad privada y la libertad de expresión, sino todos los derechos políticos, sociales, económicos y culturales del ciudadano, establecidos en la Carta Magna de 1999.

Únicamente tendrán acceso al bienestar quienes gobiernan, pues el pueblo se transformará en un zombi y esqueleto viviente, hambriento de toda clase de alimentos  y sedientos, no sólo de agua potable, sino de la realización de sus sueños y de la concreción de todos los proyectos que la democracia si era capaz de garantizar se hiciesen realidad. Los venezolanos se encuentran a punto de caer en un precipicio político que no tiene salida ni asegura la vida, la felicidad y la paz.

Un precipicio al cual conducen a Venezuela quienes por 19 años de revolución la han mal gobernado a través del  uso y abuso de poder. Un abuso que ha matado a jóvenes venezolanos que no deseaban para su futuro lo que les brinda hoy el socialismo del Siglo XXI: atraso, miseria, desempleo, adoctrinamiento político, muerte, hambre, carencia, inconstitucionalidad, fraude, populismo, demagogia, idolatría hacia quien no es eterno ni supremo, mucho menos Jehová de los Ejércitos.

Noventa y pico de días levantados firmes  en contra del gobierno de Nicolás Maduro, pero el se hace el sordo y ciego, pero no enmudece, porque se encadena cada día para “marear” a la población con sus discursos discordantes y populistas que ya nadie le cree, porque en la praxis no tiene resultados de gestión positivos.

Solo muertos y una ingobernabilidad que demuestra su incapacidad para gobernar un país tan prospero como Venezuela. Los gritos en contra de su gobierno los ha querido callar con balas, torturas y la opresión jamás vista en la Venezuela Republicana. No quiere oír los reclamos de su disidencia, porque esta trémulo de  perder los privilegios que le otorga ser el Presidente de la República, el Jefe del Estado y el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. Un miedo que trasmite y demuestra en cada paso dado.  Prueba de eso es que por primera vez no se realizó el desfile militar del 24 de junio y se apareció en el campo de Carabobo con miles de guardaespaldas y por vez primera vez,  los ascensos a los militares no se hicieron  en Fuerte Tiuna, sino encerrado herméticamente en el Panteón Nacional.

 




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